El 7° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó este lunes a 17 personas, entre ellas nueve médicos extranjeros, por su participación en un esquema de emisión de licencias médicas falsas que provocó un perjuicio estimado en $31.571 millones al Fondo Nacional de Salud (Fonasa).
La investigación, encabezada por la Fiscalía Metropolitana Oriente, permitió establecer la existencia de una estructura dedicada a la emisión y comercialización fraudulenta de licencias médicas, en un proceso que el Ministerio Público calificó como histórico por su magnitud y por los recursos públicos comprometidos.
Entre los médicos condenados, la pena más elevada supera los 21 años de presidio efectivo, según informó el fiscal Álvaro Pérez. Otros profesionales recibieron condenas de 16, 15 y 13 años de cárcel.
Además de los médicos involucrados, el tribunal condenó a personas que cumplían funciones como captadores y a compradores de licencias médicas que optaron por enfrentar el juicio en lugar de acogerse a salidas alternativas.
Los acusados fueron declarados culpables por distintos delitos, entre ellos emisión de licencias médicas falsas, asociación delictiva, fraude de subvenciones y lavado de activos.
Los médicos recibieron penas de cumplimiento efectivo en prisión, mientras que algunos captadores y compradores obtuvieron libertad vigilada intensiva debido a que sus condenas no superaron los cinco años de presidio.
CENTROS MÉDICOS DE FACHADA
Durante el juicio, la Fiscalía presentó antecedentes destinados a demostrar que los involucrados habían creado centros médicos de fachada utilizados para emitir licencias fraudulentas.
El Ministerio Público calculó en $31.571.798.643 el perjuicio ocasionado directamente a Fonasa por los hechos abordados durante este proceso.
Sin embargo, la Fiscalía advirtió que la cifra total asociada al esquema podría superar los $50 mil millones si se consideran otros centros médicos que no fueron incluidos en este juicio.
El fiscal Álvaro Pérez destacó que el tribunal hizo referencia a la trascendencia del proceso debido a que los hechos no solo comprometieron recursos fiscales, sino también la confianza pública en el sistema.
Según el persecutor, los fondos de Fonasa constituyen patrimonio público y su utilización fraudulenta termina afectando los recursos disponibles para financiar prestaciones de salud de los usuarios del sistema.
LICENCIA MÉDICA COMO INSTRUMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL
La Fiscalía también destacó durante el proceso el carácter de la licencia médica como un instrumento de seguridad social destinado a proteger a trabajadores que temporalmente no pueden desempeñar sus funciones por razones de salud.
Pérez sostuvo que esquemas de esta naturaleza afectan directamente la capacidad del Estado para destinar recursos a prestaciones sanitarias y generan un daño que va más allá del monto económico defraudado.
El fallo se produce además en momentos en que las autoridades han reforzado la fiscalización del sistema de licencias médicas ante distintos casos de fraude y uso irregular detectados durante los últimos años.
Con las condenas dictadas contra los nueve médicos y los otros ocho involucrados, la Justicia cerró una de las principales etapas judiciales de una investigación que reveló un esquema organizado para obtener recursos públicos mediante la emisión fraudulenta de licencias médicas. (NP-ChatGPT-Emol)