El Tribunal Oral en lo Penal de Concepción dictó este viernes un veredicto absolutorio en favor del cabo segundo de Carabineros, Eduardo Machuca Alarcón, quien enfrentaba cargos por el delito de torturas en el contexto de las manifestaciones ocurridas tras el estallido social del 18 de octubre de 2019.
La decisión fue tomada de forma unánime por los magistrados, quienes acogieron la tesis presentada por la Defensoría Penal Pública, que argumentó que el funcionario no tuvo participación en los hechos denunciados más allá de la detención del manifestante. El episodio en cuestión ocurrió la madrugada del 22 de octubre de 2019, en las cercanías de la 6° Comisaría de San Pedro de la Paz, donde se registraron disparos y un carabinero resultó herido.
La defensora penal pública Leslie Concha, representante del uniformado, sostuvo que “nuestro representado solo intervino en la detención, sin haber ejercido ningún tipo de agresión”. Además, destacó que Machuca mantuvo su inocencia desde el inicio del proceso, rechazando incluso un procedimiento abreviado que le habría permitido acceder a una pena menor de 61 días con remisión condicional, pero que implicaba aceptar los hechos imputados.
Durante más de dos años, el cabo Machuca permaneció bajo arresto domiciliario nocturno, mientras enfrentaba una acusación que contemplaba penas superiores a los siete años de cárcel solicitadas por el Ministerio Público y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). El Consejo de Defensa del Estado, por su parte, pedía cinco años de condena.
Según antecedentes entregados por la Defensoría Penal Pública, la detención del denunciante se produjo en medio de una manifestación en el sector de San Pedro de la Costa, donde se registraron disparos contra la comisaría. Machuca habría colaborado en el procedimiento policial, trasladando al detenido sin mantener contacto posterior con él.
La resolución del tribunal marca un precedente relevante en el tratamiento judicial de casos vinculados al estallido social, especialmente en lo que respecta a las acusaciones contra funcionarios públicos. (NP-Copilot-La Tercera)
