Una extensa presentación para aclarar los alcances del informe de Contraloría, realizó este miércoles el gobernador de la RM, Claudio Orrego, ante el plenario del consejo regional. Esto, tras la solicitud encabezada por consejeros de la UDI, quienes evalúan plegarse a la solicitud de Republicanos ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para que analice la situación de la autoridad regional.
Así las cosas, Orrego abordó la polémica por el coaching ontológico que fue cuestionado por el ente contralor, el que contendría alusiones a su campaña. «La Contraloría dice ‘vi un par de asesorías de 2024 y al leer los contenidos me parece que no se ajustan al propósito del contrato porque serían de carácter político'», sostuvo el Gobernador.
En esa línea, explicó que el trabajo con la consultora Vera y Asociados «viene desde 2021, y no parte ni termina en 2024», y ha involucrado «seis jornadas de planificación estratégica, reuniones, talleres, sesiones de coaching para 15 directivos en cuatro años, aplicación de test psicolaborales para 24 personas», lo que se gestionó en 10 contratos distintos.
Asimismo, comentó que por todos esos años, el monto total contratado asciende a $232.285.678, de los cuales $58 millones se usaron para «gastos logísticos». Además, descartó que Juan Vera tenga o haya tenido participación en campañas políticas, y anunció que junto con las medidas que la Contraloría les solicitó implementar para subsanar las observaciones, también «vamos a entregar un escrito de reconsideración, en aquellos puntos en que tenemos diferencias».
DEBATE EN EL CONCEJO
Al término de la presentación de Orrego, los concejeros tuvieron el turno de iniciar el debate. El primero en tomar la palabra fue el concejero republicano Ignacio Dülger, quien aseguró que «hay un manto de duda gigantesco», no sólo respecto al informe de Contraloría, «sino que también respecto al proceso que avanza en Fiscalía por el caso ProCultura, de una auditoría interna que estamos avanzando, de una auditoría externa que se declaró desierta, y quizás qué otras cosas pueden ir apareciendo».
«A nosotros nos preocupa mucho la imagen que estamos dando como gobierno regional en torno a la probidad, en torno a la fiscalización (…) al menos nosotros como bancada vamos a usar todas las herramientas disponibles y vamos a estar muy disponibles para que la imagen de probidad que necesita el gobierno regional para actuar, se mantenga lo más intacta», subrayó.
También desde Republicanos, el concejero Sergio Morales cuestionó la existencia de «una decena de tratos directos millonarios, algunos de $200 millones, sin una licitación y el argumento para estos tratos directos es ‘confianza en el proveedor’. Yo quiero preguntar ¿qué es confianza en el proveedor?, ¿por qué se beneficia una empresa de esta forma en desmedro de toda participación abierta? Esto va en contra de todo principio de transparencia y probidad, y es por esto que nosotros dispondremos de todos estos antecedentes ante la Contraloría para que ellos se hagan cargo».
Junto con recordar que hay más de $1.000 millones asociados al término del convenio con ProCultura que «aún no se sabe dónde fueron a parar», enfatizó que «lo que nosotros tenemos hoy día es un informe brutal de la Contraloría, a tal punto que lo remiten al Ministerio Público (…) hoy tenemos un informe final que detalla posibles delitos en el Gobierno Regional, y como bancada de Republicanos, hacemos un llamado a todo el consejo: no podemos tener un caso de ProCultura 2».
El concejero UDI, Álvaro Bellolio, afirmó en su intervención que en una revisión al sitio web de AJEM, «no hay nombres, tienen faltas de ortografía… yo pocas veces he visto una página tan mala de un consultor que se le asignó un proceso (montos) tan altos».
En ese sentido, pidió que se les haga entrega «de las 52 sesiones de coaching realizadas (…) para validar la justificación legal y e institucional de los contratos; qué pasó con AJEM, con IDOM, y también la existencia de eventuales vínculos personales».
El concejero republicano, Víctor Valdés, detalló que están revisando «cautelosamente los gastos y transferencias realizadas por la Corporación Regional hacia sus proveedores», y según detalló, se halló que «durante el periodo 2023 a 2024 se han realizado compras por trato directo por un total de $3.200 millones, y al menos $1.600 a un proveedor único, simplemente por confianza con el proveedor (…) yo le pregunto señor gobernador, ¿le parece que tratos a dedo por $70, $90, $200 y hasta $500 millones representa mayor transparencia en gasto público?».
Asimismo, afirmó que el 1 de marzo, se compraron dos camiones tipo 3/4 «bajo el proyecto ‘Calles abiertas familiares’, cada uno por más de $18 millones», y pese a que solicitó información de las cotizaciones y patentes, «a la fecha no he recibido respuestas, y al revisar el balance general publicado en la memoria de la corporación, me sorprendí al ver que estos vehículos no están activados, no hay registro de ellos».
Por su parte, el consejero Jaime González, de Republicanos, le recordó al gobernador toda su trayectoria en el servicio público, «por lo que la explicación que usted nos acaba de dar es un insulto a nuestra inteligencia, pero no sólo a los vecinos y alcaldes que escuchan esta presentación, porque cuando el Gore no paga las facturas de proyecto de pavimentación o de mejoramiento de calles (…) esta sesión de coaching, dada su experiencia y escasez de recursos, es una falta grave«.
Desde RN, la consejera Nebbia Otárola, dijo en su intervención que los antecedentes presentados en el informe de Contraloría «nos obliga a actuar con firmeza y transparencia, en ese sentido, la estrategia que hemos consensuado como bancada de RN, es buscar fortalecer nuestro rol fiscalizador, y garantizar que toda acción administrativa y contractual esté sujeta a los altos estándares de legalidad y ética, para ello, es fundamental que exijamos toda la información necesaria«.
Desde el PC, la consejera María Eugenia Puelma, convocó a «empinarnos por sobre este tipo de dificultades, no sólo porque haya un pedazo de ley que diga que tiene que ser de esta u otra manera, sino sobre la base de que hay una postura ética en cualquier democracia, que tiene que estar basada no en la impunidad de las gestiones, sino que en la justicia social».
Añadió que como bancada comunista quedaron «estupefactos» ante el informe de Contraloría, e incluso respaldó la propuesta de algunos personeros de RN de iniciar un «equipo fiscalizador» al interior de la entidad.
Desde la bancada del Frente Amplio, la consejera Ximena Peralta comunicó que se acordó «exigir contar con todos los antecedentes, como el preinforme de Contraloría, todos los actos suscritos con la empresa Vera y Asociados. Si algo se pagó con fondos públicos, tenemos el derecho a conocer todo el detalle».
Fuente: Emol.com – https://www.emol.com/noticias/Nacional/2025/06/11/1169012/orrego-exposicion-consejo-regional-contraloria.html
