La propuesta del Gobierno del Presidente José Antonio Kast de reducir el impuesto de Primera Categoría del 27% al 23% ha generado una intensa controversia entre especialistas. Mientras el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defiende la medida como un motor para el crecimiento a largo plazo, diversos economistas advierten que la reducción fiscal no se autofinancia y generará una caída neta en la recaudación del Estado.
El Ejecutivo fundamenta su postura en datos de la Comisión Marfán, señalando que cada punto de rebaja podría elevar el PIB en un 0,65% a largo plazo. No obstante, voces como la de Claudio Agostini califican de “terraplanismo económico” la idea de que el crecimiento compensará totalmente la pérdida de ingresos. En esta línea, el exministro Ignacio Briones y el expresidente del Banco Central, José De Gregorio, coinciden en que, si bien la rebaja puede ser positiva para la inversión, el efecto neto para las arcas fiscales seguirá siendo negativo, estimándose una pérdida de unos US$1.200 millones.
Desde la academia, Sergio Urzúa de la Universidad de Maryland plantea que la estrategia es una “apuesta arriesgada” que solo funcionaría si se acompaña de un ajuste fiscal severo. Por su parte, Andrea Repetto enfatiza que las rebajas impositivas deben compensarse con otras fuentes de financiamiento permanente o reducciones de gasto, dado que la evidencia internacional sugiere que estos beneficios tributarios rara vez se pagan solos.
A pesar de las críticas sobre el impacto fiscal, existe un consenso relativo en que la tasa corporativa en Chile es alta en comparación con el promedio de la OCDE. Expertos como Matías Acevedo y Cecilia Cifuentes sugieren que la reforma es necesaria para la competitividad, pero recalcan la urgencia de definir fuentes de ingresos alternativas que eviten un incremento en el déficit fiscal en medio de la actual emergencia económica. (NP-Gemini-Emol)