El Senado está votando este martes el último artículo pendiente del Plan de Reconstrucción, correspondiente al mecanismo que compensará a los municipios por los recursos que dejarán de percibir tras la exención del pago de contribuciones para los adultos mayores. Aunque el Gobierno asegura que las 345 comunas recibirán la totalidad de los ingresos comprometidos, el debate se ha centrado en la forma en que se distribuirán esos recursos.

Actualmente, el Fondo Común Municipal constituye el principal instrumento de financiamiento y redistribución solidaria entre las municipalidades del país. Administrado por la Tesorería General de la República, el fondo se financia principalmente con el Impuesto Territorial, además de permisos de circulación, patentes comerciales, multas de tránsito, transferencias de vehículos y aportes fiscales incorporados en la Ley de Presupuestos. Desde 2024 también distribuye recursos provenientes del Royalty Minero.

La propuesta del Ejecutivo contempla un sistema distinto para compensar la eliminación de las contribuciones. De acuerdo con la iniciativa, el Servicio de Impuestos Internos calculará anualmente el monto que corresponde a cada municipio, información que será remitida a la Dirección de Presupuestos y a la Tesorería General de la República para efectuar las transferencias.

El proyecto también incorpora condiciones para acceder a la compensación. Entre ellas, las municipalidades deberán acreditar una reducción de al menos un 30% en los tiempos de tramitación de permisos respecto del promedio registrado entre 2023 y 2025, además de mantener al día el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley de Transparencia y la entrega de información a la Dirección de Presupuestos.

Desde el Gobierno sostienen que estos requisitos buscan fortalecer la eficiencia de la gestión municipal y mejorar los estándares de transparencia. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha reiterado que la propuesta garantiza una compensación total para todas las comunas, incluyendo tanto los recursos que actualmente perciben como los ingresos futuros proyectados.

La iniciativa ha generado posiciones contrapuestas entre los alcaldes del país. Un grupo de 104 jefes comunales cuestionó el mecanismo, argumentando que la compensación no se canaliza íntegramente a través del Fondo Común Municipal y que ello podría aumentar las diferencias entre comunas con mayores y menores ingresos propios.

En una declaración pública, esos alcaldes sostuvieron que las contribuciones representan una fuente relevante de financiamiento para el Fondo Común Municipal y plantearon que los recursos comprometidos por el Ejecutivo deberían destinarse completamente a ese mecanismo. Asimismo, solicitaron al Presidente José Antonio Kast presentar un veto para reabrir la discusión sobre la fórmula de compensación.

En contraste, más de 160 alcaldes manifestaron su respaldo a la propuesta del Ejecutivo y llamaron al Senado a aprobar el artículo. Los firmantes valoraron que el Gobierno garantice la reposición del 100% de los recursos para las 345 comunas y señalaron que ningún municipio verá disminuidos sus ingresos producto de la reforma.

Los alcaldes que apoyan la iniciativa también plantearon la necesidad de avanzar, una vez concluida esta discusión, hacia una nueva Ley de Rentas Municipales, junto con impulsar medidas orientadas a modernizar el financiamiento comunal, reducir la burocracia y fortalecer la transparencia y la probidad en la gestión de los municipios. (NP-ChatGPT-Emol)