La gestión de la ministra Trinidad Steinert enfrenta su primer conflicto de magnitud tras la salida de la prefecta (r) Consuelo Peña, quien ocupaba el tercer cargo de importancia en la Policía de Investigaciones. La situación ha generado una evidente tensión entre el poder político y la institución policial, debilitando la posición de la secretaria de Estado a pocos días de haber asumido su cargo en el gabinete del Presidente Kast.
El origen de la controversia se remonta a presuntas rencillas previas originadas cuando Steinert ejercía como fiscal regional en Tarapacá. Según trascendidos, la ministra habría solicitado la remoción de Peña debido al traslado de cuatro detectives en Iquique, acción que motivó un oficio de seguridad cuestionado legalmente. Esta situación derivó en que la Contraloría General de la República solicitara un informe detallado a la ministra para evaluar la legalidad de sus actuaciones.
CONFLICTO DE VERSIONES Y EFECTOS POLÍTICOS
A pesar de que la versión oficial del Gobierno sostiene que la salida de la oficial fue una decisión autónoma de la PDI, fuentes internas de la policía civil aseguran que se trató de una exigencia directa de Steinert al director Eduardo Cerna. Esta discrepancia ha instalado dudas sobre la transparencia de la conducción gubernamental en una de las agendas más sensibles para la ciudadanía, como es la seguridad pública.
El escenario se proyecta complejo para la próxima semana, cuando el director Eduardo Cerna deba exponer ante la Cámara de Diputados. Su testimonio será clave para ratificar la postura de la ministra o confirmar las versiones de presión política. Mientras tanto, desde la oposición ya han surgido voces que solicitan al Ejecutivo evaluar la continuidad de Steinert, advirtiendo sobre el daño a la credibilidad de la estrategia de seguridad nacional. (NP-Gemini-La Tercera)