La Comisión Verdad y Niñez atraviesa una nueva crisis interna luego de la desvinculación de cuatro coordinadores y la presentación de denuncias por presunto acoso laboral contra su secretario ejecutivo, Branislav Marelic, en medio de las dificultades que ha enfrentado la instancia encargada de investigar vulneraciones a los derechos humanos ocurridas en el sistema del Sename.

La comisión, creada durante la administración del expresidente Gabriel Boric, ha experimentado una serie de conflictos durante la gestión del actual subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira (RN). Aunque la autoridad ha reafirmado la continuidad de la instancia y su compromiso con el cumplimiento de su mandato, su funcionamiento ha estado marcado por cambios de personal, renuncias y diferencias internas.

Una de las primeras crisis ocurrió cuando Mira decidió no renovar los contratos de trabajadores vinculados al área de escucha testimonial y otras unidades consideradas estratégicas. En ese momento, el subsecretario argumentó que se necesitaban modificaciones para mejorar la eficiencia en la recepción de testimonios, cuyo avance era considerado insuficiente por el Gobierno.

La controversia derivó posteriormente en la salida de buena parte de los integrantes de la comisión, incluyendo renuncias de comisionados que optaron por dejar sus cargos mientras el Ejecutivo buscaba reemplazantes.

Después de esa crisis, la Subsecretaría de Derechos Humanos impulsó cambios en la estructura y metodología de trabajo, con especial énfasis en acelerar la recopilación de testimonios de personas que pasaron por el sistema de protección estatal.

En ese contexto se buscó designar un nuevo secretario ejecutivo. La primera alternativa fue Pedro Natho, pero su permanencia en el cargo duró menos de una semana antes de presentar su renuncia.

Posteriormente se nombró una dirección subrogante mientras se desarrollaba el proceso de renovación de los comisionados y se preparaba una nueva etapa de funcionamiento.

Tras completar ese proceso, Mira presentó a los nuevos integrantes y designó como secretario ejecutivo al abogado Branislav Marelic, comisionado socialista y exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Sin embargo, la llegada de Marelic también derivó en nuevas tensiones. Este lunes, la Subsecretaría de Derechos Humanos instruyó a la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia comunicar la desvinculación de cuatro coordinadores de la comisión.

Según fuentes citadas en los antecedentes del caso, la decisión había sido adoptada unas tres semanas antes a solicitud de los comisionados, después de recibir un informe sobre el desempeño de los cuatro profesionales.

El documento fue elaborado por Marelic utilizando parámetros definidos por él y posteriormente llevó a que, el 18 de agosto, los integrantes de la comisión solicitaran una reestructuración del equipo.

Las desvinculaciones afectaron a Catalina Solier, coordinadora nacional de profesionales de escucha testimonial; Amapola Aguilera, encargada del Área de Gestión de Redes y Derivación de Víctimas; Náyade Bobadilla, responsable de Gestión y Control; y Felipe Téllez, encargado del área de Reconocimiento de Víctimas.

Téllez había asumido además temporalmente como secretario ejecutivo después de la salida de Natho.

Las desvinculaciones profundizaron las diferencias entre Marelic y un grupo de funcionarios. Antes de concretarse las salidas, 25 trabajadores de la comisión, incluidos los cuatro posteriormente desvinculados y funcionarios de regiones, habían enviado una carta solicitando la renuncia del secretario ejecutivo.

La misiva, fechada el 21 de agosto, fue dirigida a los comisionados Blanquita Honorato, Ignacio Sánchez, Paulina Benavente, Jorge Rojas y al propio Marelic.

En el documento, los funcionarios denunciaron presuntos episodios de maltrato laboral, amenazas de desvinculación, desvalorización del trabajo realizado, intervenciones sin una conducción suficientemente clara y un clima de temor e incertidumbre.

Los trabajadores afirmaron que, pese a haber atravesado anteriormente cambios de conducción y periodos complejos, no habían experimentado un nivel similar de afectación colectiva dentro de los equipos.

Los firmantes solicitaron una reunión con los comisionados para presentar sus antecedentes. Según la información proporcionada, ese encuentro no llegó a concretarse y la carta no recibió respuesta. Fuentes vinculadas al proceso sostuvieron que los integrantes de la comisión optaron por no acoger los planteamientos debido a que ya habían decidido reestructurar el equipo.

Las acusaciones internas derivaron además en la presentación de al menos seis denuncias por presunto acoso laboral contra Marelic ante la Subsecretaría de Justicia. Cuatro de las personas denunciantes se encuentran entre los funcionarios posteriormente desvinculados.

La salida de Solier generó especial preocupación entre algunos trabajadores debido a su responsabilidad sobre el equipo de Escucha Testimonial. Funcionarios advirtieron que su reemplazo podría afectar temporalmente el agendamiento de testimonios debido a la complejidad del sistema.

La administración ya incorporó a tres nuevos profesionales, Rodrigo Lara, Florencia Silva y Fernanda Verdugo, quienes comenzaron a integrarse al trabajo durante la semana pasada.

Sin embargo, fuentes internas estiman que el proceso de adaptación podría tomar algunos días y sostienen que, desde la llegada de Marelic a la Secretaría Ejecutiva, el nivel de agendamientos para entregar testimonios habría disminuido cerca de 40%.

Ese escenario genera inquietud debido a las dificultades que ha enfrentado la comisión para convocar a antiguos usuarios del Sename, especialmente considerando la desconfianza que los sucesivos problemas internos podrían generar entre las personas llamadas a entregar sus testimonios.

Los cuestionamientos formulados por algunos funcionarios también incluyen eventuales problemas relacionados con probidad, criterios éticos en el vínculo con las víctimas, seguridad, acceso a información sensible y diferencias respecto del proceso de reconocimiento individual de quienes sufrieron vulneraciones.

Desde otros sectores de la propia comisión, sin embargo, cuestionan esas acusaciones y sostienen que provienen de funcionarios que mantenían una relación conflictiva con Marelic.

Esas fuentes aseguran que algunos trabajadores se habrían negado a seguir instrucciones del secretario ejecutivo y habrían restringido su acceso a determinados procesos internos. También sostienen que, desde su llegada, Marelic ha impulsado un aumento de la dotación para fortalecer el funcionamiento de la instancia.

La controversia abre así un nuevo episodio de tensión en la Comisión Verdad y Niñez, cuya misión central continúa siendo recopilar testimonios y esclarecer las vulneraciones a los derechos humanos sufridas por niños, niñas y adolescentes bajo el sistema estatal de protección. (NP-ChatGPT-La Tercera)