La comisión revisora de la Acusación Constitucional (AC) presentada contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa Márquez, aprobó el libelo con una votación de tres votos a favor y dos abstenciones, dando luz verde a que la acción se discuta en la Sala de la Cámara de Diputados.
Tras cinco sesiones de trabajo, los diputados de la instancia determinaron acoger la acusación, que se divide en tres capítulos y fue firmada por nueve parlamentarios de bancadas de centroizquierda. El libelo acusa al juez de “notable abandono de deberes” por traspasar al abogado Luis Hermosilla información sobre acuerdos y votaciones internas de las cortes, intervenir en nombramientos judiciales y no inhabilitarse en causas en las que tenía cercanía con intervinientes.
La votación se realizó con los votos a favor de los diputados José Carlos Meza (Republicano), Frank Sauerbaum (RN) y la presidenta de la instancia, Alejandra Placencia (PC). Los parlamentarios Gustavo Benavente (UDI) y Hotuiti Teao (IND. UDI) optaron por abstenerse.
Durante las intervenciones, los diputados Benavente y Teao, que se abstuvieron, si bien reconocieron la existencia de «conductas impropias» por parte del juez —como anticipar resoluciones o emitir comentarios descalificatorios—, señalaron que la evidencia disponible, basada en reportajes periodísticos, no constituía prueba plena. En particular, Benavente indicó que no había antecedentes que demostraran hechos que implicaran corrupción o cohecho, ni que los vínculos personales de Ulloa hubieran alterado decisiones judiciales.
Pese a esto, el diputado Meza, que votó a favor, argumentó que las comunicaciones y minutos remitidas por Ulloa a terceros sí configuran una «vulneración del deber de reserva y del deber de probidad» que afecta gravemente la confianza pública en la administración de justicia.
En la misma línea, el diputado Sauerbaum aprobó el libelo, señalando que, a pesar de no gustarle las intenciones ni el tono de los acusadores, la imputación está correcta y debe ser el Senado quien resuelva en definitiva.
Finalmente, la presidenta de la comisión, Alejandra Placencia, destacó que las infracciones cometidas no son «simples fallas éticas», sino acciones que «quiebran la independencia interna del poder judicial» y dañan la legitimidad del sistema de justicia, generando una percepción de justicia desigual influida por redes de poder. (NP-Gemini-La Tercera)
