Por ocho votos a favor y cuatro en contra, la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados encargada de analizar la respuesta estatal frente a los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de octubre de 2019 y el 11 de marzo de 2026 aprobó este martes su informe final.
El documento fue elaborado por el presidente de la instancia, el diputado Hans Marowski (PNL), y recibió el respaldo de parlamentarios de Republicanos, Partido Nacional Libertario, PDG, UDI y Renovación Nacional. En contra votaron representantes de la DC, PC, PS y Frente Amplio.
Entre sus principales conclusiones, el informe identifica deficiencias en inteligencia, coordinación institucional, protección de infraestructura crítica y capacidad preventiva del Estado durante el período investigado.
Durante la presentación, Marowski sostuvo que el trabajo buscó revisar las actuaciones de organismos como los ministerios del Interior, Defensa, Justicia y Derechos Humanos, además de determinar la capacidad estatal para anticipar, contener y controlar episodios de violencia.
El informe concluye que existió una “falta de capacidad preventiva y de un sistema de inteligencia robusto y coordinado”, situación que habría dificultado anticipar ataques simultáneos contra infraestructura y servicios considerados estratégicos.
Marowski recalcó que las manifestaciones y demandas sociales son legítimas, pero estableció una distinción respecto de los episodios violentos registrados durante el período.
METRO Y ATAQUE A LA INFRAESTRUCTURA
Entre los antecedentes recopilados se encuentra información proporcionada por Metro de Santiago sobre los daños sufridos durante 2019.
Según esos datos, 77 de las 136 estaciones de la red resultaron afectadas y 20 fueron incendiadas.
El documento también incorpora ataques contra infraestructura eléctrica registrados entre 2019 y 2023, algunos de ellos mediante explosivos y con consecuencias para el suministro de miles de clientes.
La comisión analizó además episodios de violencia en establecimientos educacionales emblemáticos, incluyendo el Instituto Nacional y el Internado Nacional Barros Arana (INBA), con antecedentes sobre utilización de artefactos incendiarios y agresiones contra funcionarios y docentes.
BAJA COLABORACIÓN
Otro punto destacado fue la participación de autoridades y organismos requeridos por la comisión.
Según Marowski, de 32 personas invitadas a declarar solamente asistieron 17, mientras que de 65 oficios enviados se habrían recibido apenas diez respuestas.
El diputado mencionó entre las ausencias a exautoridades que desempeñaban funciones durante los acontecimientos de 2019 y al actual ministro de Seguridad Pública, quien, según indicó, fue convocado en dos oportunidades.
RECOMENDACIONES
A partir de los antecedentes recopilados, el informe plantea una serie de modificaciones institucionales para mejorar la capacidad estatal de respuesta ante episodios graves de violencia.
Entre ellas propone fortalecer la implementación de la nueva Ley de Inteligencia, mejorar la coordinación entre los organismos de inteligencia y el Ministerio Público y evaluar cambios al papel del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena).
También recomienda desarrollar protocolos específicos frente a hechos graves de violencia en establecimientos educacionales, reforzar el respaldo jurídico para la actuación policial y revisar algunas de las facultades actualmente entregadas al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
Con la aprobación del documento, las conclusiones de la comisión pasan ahora a alimentar el debate político sobre la respuesta del Estado al estallido social y las reformas institucionales necesarias para enfrentar futuros episodios de violencia. (NP-ChatGPT-Emol)