La reforma constitucional que regula el nuevo proceso constitucional estableció la integración de una Comisión Experta compuesta por 24 personas, 12 elegidas por el Senado y 12 elegidas por la Cámara, con paridad, es decir, 12 hombres y 12 mujeres. Los requisitos que se exigen son: ser ciudadano con derecho a sufragio, contar con un título universitario o grado académico de ocho semestres de duración y acreditar una experiencia profesional, técnica y académica no inferior a diez años. Aquí ya se observa una falta de congruencia con el Acuerdo por Chile, que hablaba de 24 expertos de “indiscutible trayectoria profesional, técnica o académica”.
Las personas designadas para integrar esta Comisión no son realmente expertos. La inmensa mayoría son políticos, algunos con más experiencia y otros con menos. Por de pronto, hay cuatro exministros de Estado, como Hernán Larraín Fernández, Juan José Ossa, Alejandra Krauss y Teodoro Ribera.
Tampoco puede decirse que sean expertos Katherine Martorell, Sebastián Soto, Máximo Pavez o Carlos Frontaura, porque sus dominios no son la academia ni la investigación, sino que se dedican de manera principal a la política. Martorell fue subsecretaria de Prevención del Delito; Sebastián Soto fue asesor de Piñera, quien lo nombró en el Consejo de Defensa del Estado; Máximo Pavez fue jefe de la División de Relaciones Políticas en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y Carlos Frontaura dirigió la Fundación Jaime Guzmán, luego fue decano de la Facultad de Derecho de la P. Universidad Católica de Chile y posteriormente integró el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Desconocidos son Magaly Fuenzalida, Paz Anastasiadis, Flavio Quezada, Leslie Sánchez, Antonia Rivas, Catalina Lagos, Alexis Cortés y Catalina Salem. Marcela Peredo es una joven investigadora constitucionalista, pero que aún no llega a la categoría de experta.
Esta vez no puedo sino coincidir con mi amigo el profesor Hugo Herrera en que ni Natalia González ni Bettina Horst son expertas, ya que integran el Instituto Libertad y Desarrollo, que ha dejado de ser un think tank serio y de calidad y que obedece a los empresarios que lo financian.
Por cierto, hay algunos expertos como Domingo Lovera, Verónica Undurraga, Francisco Soto y Jaime Arancibia. Todos ellos tienen una vida académica intensa y publicaciones de alto nivel; pero son una minoría.
Todo esto porque su elección se atribuyó a los partidos políticos que no querían que estuvieran personas que desdijeran de sus ideologías partidistas, lo que terminó en una designación desastrosa.
En suma, la Comisión Experta se ha llenado de políticos. Los expertos, aunque tengan alguna sensibilidad política, debieran ser académicos de reconocida solvencia y de profundidad en sus análisis. Por ello, es una lástima que se haya desechado el nombre del economista Sebastián Edwards, que sin duda es uno de los buenos economistas, no solo del país, sino también de Estados Unidos; así como el de Soledad Bertelsen, quien tiene un grado de doctora en International Human Rights Law (J.S.D.), por la Universidad de Notre Dame, y que solo por su apellido fue desechada.
En esto, tanto el Senado como la Cámara de Diputados han defraudado las expectativas de la ciudadanía que pensaba en expertos como personas que se han dedicado por largos años a la academia y a la investigación, en el campo de la economía, las ciencias políticas o el derecho. Se aprecia una vez más que el Congreso está totalmente desconectado de la ciudadanía.
Es poco probable que esta Comisión “Experta” llegue a acordar un anteproyecto de Constitución para que pueda ser analizado por el Consejo Constitucional. Si lo logran sacar, será también un texto contradictorio, incoherente y confuso, aunque se respeten las doce bases que se han fijado.
En este sentido, me parece razonable lo que Carlos Peña había postulado en este mismo diario, en el sentido de que primero es la deliberación política y que luego vendría el trabajo de los expertos para darle un sentido normativo a dichas decisiones. Pero esto ya no será posible. (El Mercurio)
Hernán Corral
