Con aplausos, cantando el himno nacional y una fotografía que plasmó el momento. Así terminaron la jornada de este martes los 24 integrantes de la Comisión Experta, quienes lograron cumplir el objetivo que se autoimpusieron: terminar de votar el anteproyecto de nueva Constitución completo.
De esta forma, el texto quedó finalizado y será entregado al Consejo Constitucional el próximo 7 de junio, cuando ese órgano redactor inicie sus funciones.
Durante el día, una novedad importante se dio en el capítulo XIV de procedimientos de cambio constitucional, puesto a que en la Carta Magna vigente nunca ha tenido un procedimiento permanente de reemplazo constitucional, salvo la excepción de la Convención Constitucional y del Consejo Constitucional.
Este capítulo fue un debate entre ambos sectores, ya que tanto el oficialismo como la oposición defendían una fórmula distinta para llevar a cabo un reemplazo constitucional.
“Los comisionados oficialistas, en general, plantearon desde un inicio una fórmula de reemplazo que contemplara una suerte de asamblea constituyente o de Convención Constitucional y creo que a través del diálogo y un debate respetuoso arribamos a una fórmula que finalmente no contempla una asamblea constituyente, pero que sí se hizo cargo de una aprensión que tenía que ver con la legitimidad de origen del órgano que iba a aprobar eventualmente una Constitución de reemplazo”, señaló la comisionada Natalia González (indep.-UDI).
Por su parte, el comisionado Francisco Soto (Indep.-PPD) sostuvo que “el acuerdo que logramos establecer fue una combinación de los mecanismos: que sea un Congreso que a través de una comisión técnica elabore un texto y se someta a un nuevo Congreso que ya contaría con un borrador de Constitución, el que debería finalmente aprobar este texto y someterlo posteriormente a plebiscito”.
Soto continuó su discurso y dijo que “es una fórmula que cumple con estándares democráticos, ya que participaría la ciudadanía en la elección del nuevo Congreso y además se sometería a un plebiscito de cierre del proceso, que creo que se le otorga al proceso legitimidad de origen”.
El anteproyecto plantea lo siguiente: “Sólo podrá iniciarse un procedimiento de reemplazo de la Constitución a propuesta del Presidente de la República y con el acuerdo de los dos tercios de los integrantes en ejercicio de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado”.
Además, agrega que “en caso de que la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado aprueben la propuesta, el proyecto así despachado no se promulgará y se aguardará la próxima renovación de la Cámara de Diputadas y Diputados. En la primera sesión que esta y el Senado celebren, deliberarán y votarán cada una de ellas, sobre el texto que se hubiese aprobado, sin que pudiera ser objeto de modificación alguna. Solo si fuere ratificado por los dos tercios de los miembros en ejercicio de cada rama del nuevo Congreso se comunicará al Presidente de la República, el que deberá convocar dentro de los tres días siguientes a dicha comunicación, mediante decreto supremo exento, a un plebiscito nacional constitucional para que el electorado se pronuncie sobre la propuesta”.
El texto, además, señala que “las reformas constitucionales que modifiquen este artículo deberán ser aprobadas por los dos tercios de los diputados y senadores en ejercicio”.
Finalmente, el capítulo fue aprobado casi por unanimidad, solo hubo algunas abstenciones presentes.
PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
Una innovación importante respecto de la Constitución vigente fue la incorporación de un capítulo especial sobre la protección del medioambiente, lo que en la Carta Magna actual no existe. “Es motivo de orgullo que en Chile estemos incluyendo en la propuesta constitucional un capítulo referido a la protección de medioambiente”, sostuvo el comisionado Francisco Soto.
Por su parte, la comisionada Magaly Fuenzalida (indep.-FRVS) señaló que había sido uno de los capítulos más débiles en el articulado general, porque la subcomisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales se tuvo que enfocar en el capítulo de derechos sociales, que fue muy debatido.
“El capítulo contiene muchas de las exigencias que los expertos en materia medioambiental solicitaban para este capítulo (…). Lamento que no haya encontrado apoyo en la subcomisión la indicación que ha sido renovada para dotar de una protección especial a los animales. Especialmente porque la norma propuesta no los reconoce como sujeto de derecho, sino que reconoce el deber del Estado para su resguardo. No estamos hablando de animales sintientes o esas caricaturas que se hicieron en el proceso pasado”, comentó Fuenzalida.
La enmienda renovada que contemplaba que “es deber del Estado dar especial protección a los animales” fue la única votación rechazada, obteniendo 12 votos afirmativos, seis en contra y seis abstenciones. El resto de los artículos fueron aprobados
Durante la mañana, en la primera parte del pleno, el debate estuvo marcado por la norma que permitía crear un Consejo Técnico Asesor que acompañaría a la Contraloría General de la República, la cual fue rechazada.
La norma, que se encuentra en el capítulo 11 que trata sobre la Contraloría General de la República, fue criticada por los comisionados oficialistas y defendida por la oposición, y sólo hizo falta un voto para su aprobación. El resto de votos se desglosaron en 10 en contra y una abstención del comisionado Jaime Arancibia (Indep.-RN).
El comisionado Domingo Lovera (RD) fue uno de lo más críticos de la norma, pero esto no era sorpresa, pues durante la discusión en la subcomisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos ya había demostrado su postura en contra. “La enmienda que sugiere la instalación de un Consejo Técnico Asesor sólo perturbará y obstaculizará el ejercicio de atribuciones por parte del contralor y nos entregará a fin de cuentas una Contraloría más disminuida”, señaló Lovera durante el pleno.
En defensa de la materia, el comisionado Hernán Larraín (UDI) respondió que “la fórmula diseñada no debilitará ni entorpecerá en absoluto al contralor, estamos frente a un consejo asesor consultivo y no resolutivo, que solo debe ser oído para que el contralor ejerza funciones excepcionalmente. Además, se trata de un órgano técnico y no político, integrado por consejeros que para ser nombrados deben cumplir con requisitos casi idénticos a los del nombramiento del propio contralor”.
Más tarde comenzó la discusión del Capítulo XII del Banco Central. El acápite fue aprobado por unanimidad y despachado para posteriormente votar el capítulo siguiente de protección al medioambiente.
Los 24 integrantes de la Comisión Experta están citados este lunes, a las 10.00, a un pleno para dar sus discursos finales y, posteriormente, ir a almorzar y celebrar juntos el cierre del anteproyecto. (La Tercera)
