Con una mayoría casi transversal, desde la UDI a los comunistas, la Comisión de Constitución de la Cámara aprobó el proyecto que permite al Congreso realizar todo tipo de sesiones de sala en Santiago.
Esta iniciativa ya había sido aprobada por el Senado, el martes 13 de diciembre, solo para sesiones extraordinarias o especiales (es decir, que no están dentro del calendario normal de trabajo del Congreso). Para ello, solo bastaba que los jefes de bancada, que representen las tres cuartas partes de los integrantes de la respectiva Cámara (de diputados o senadores), se pongan de acuerdo.
Sin embargo, el diputado socialista Leonardo Soto propuso que también se permitieran las sesiones ordinarias, es decir, la medida podría aplicarse para toda citación de sala.
El proyecto -que solo implica añadir un artículo a la Ley 18.678– se discutió en la Comisión de Constitución de la Cámara, bajo la modalidad de fácil despacho. Y con siete votos a favor, cuatro en contra y una abstención se aprobó.
Ahora la iniciativa pasará -a partir de la próxima semana- a la sala de la Cámara que tendrá la última palabra. En caso de ser aprobada, pasaría al Senado, en último trámite. Incluso, si se le sigue dando la misma agilidad a la discusión, esta norma que permite al Congreso volver a sesionar en Santiago podría transformarse en ley en abril.
A favor votaron los diputados Jorge Alessandri (UDI), Miguel Ángel Calisto (ex-DC), Raúl Leiva (PS), Catalina Pérez (RD), Leonardo Soto (PS), Francisca Bello (Convergencia Social) y Karol Cariola (PC). En contra se manifestaron Marcos Ilabaca (PS), Hugo Rey (RN), Luis Sánchez (republicanos) y Diego Schalper (RN). Gustavo Benavente (UDI), en tanto, se abstuvo.
La diputada Pérez, en su calidad de vicepresidenta de la Cámara, fue la encargada de defender este proyecto de autoría de senadores socialistas. “Hay un ánimo transversal de optimizar el funcionamiento del Congreso en determinadas circunstancias, que requieran una rápida constitución de la sala para abordar problemáticas urgentes”, dijo.
Karol Cariola añadió que este proyecto “facilitaría a los ministros y ministras estar en todos los proyectos” y ayudaría “a desarrollar más trabajo en la ciudadanía”.
A su turno, Leonardo Soto argumentó que tener el Congreso distanciado del Poder Ejecutivo “no tiene una justificación racional”, ya que obliga a las autoridades de gobierno a trasladarse más de 100 kilómetros. Además, recordó que la Ley 18.678, que obliga al Congreso realizar sus sesiones de sala en Valparaíso, “fue una decisión de la dictadura”.
La mencionada normativa fue promulgada en 1987, como señal de descentralización y, a la vez, como un gesto político, al entonces comandante en jefe de la Armada, el fallecido almirante José Toribio Merino, quien era presidente de la Junta de Gobierno, el órgano legislativo que operó durante la dictadura militar en ausencia del Congreso.
No obstante, en los 33 años de democracia, la iniciativa, que es una ley simple, nunca ha podido ser derogada o cambiada, a pesar de que se han presentado varias mociones en ese sentido.
La única concesión que se hizo, por la vía reglamentaria, fue permitir que las sesiones de comisiones pudieran realizarse en la capital.
Uno de los problemas que había era que los hemiciclos del antiguo Congreso Nacional de Santiago no estaban habilitados electrónicamente ni tampoco del punto de vista de infraestructura (computadores, micrófonos, butacas y escritorios) para el sistema de votaciones que opera en Valparaíso.
Sin embargo, debido al anterior y al actual proceso constituyente se hicieron las obras respectivas que permitirían realizar las deliberaciones con el mismo estándar de modernidad que existe en la ciudad puerto. (La Tercera)
