La Fiscalía Nacional y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) no intercambiaron antecedentes durante las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos a partir del 18 de octubre de 2019, según información entregada a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre el estallido social.

El antecedente fue confirmado mediante un oficio firmado por el fiscal nacional, Ángel Valencia, en respuesta a consultas de la instancia parlamentaria sobre una eventual planificación de los hechos de violencia y la posible participación de intereses extranjeros.

En el documento, Valencia señaló que los fiscales del Ministerio Público no realizaron intercambios de antecedentes ni información con la ANI. La respuesta, sin embargo, no precisa las razones de esa falta de coordinación ni establece si alguna de las instituciones intentó generar mecanismos para compartir información.

La comisión también solicitó al Ministerio del Interior antecedentes relacionados con la información recopilada por los organismos de inteligencia. La cartera derivó las consultas a la ANI, pero la agencia no entregó una respuesta escrita.

El actual director de la ANI compareció ante la comisión en una sesión secreta, por lo que sus declaraciones no pudieron ser incorporadas como antecedentes públicos del informe. El Estado Mayor Conjunto y Gendarmería también respondieron consultas, aunque sus documentos fueron remitidos bajo reserva.

La comisión envió en total 65 oficios, de los cuales solo 10 recibieron respuestas consideradas útiles para la investigación, mientras otros dos fueron contestados de manera reservada. Además, fueron invitadas 32 personas y solo 17 comparecieron ante la instancia.

El presidente de la comisión, el diputado del Partido Nacional Libertario Hans Marowski, sostuvo que uno de los principales resultados de la investigación fue constatar las deficiencias que existían en los organismos estatales de inteligencia y persecución penal, especialmente en su capacidad para coordinarse e intercambiar información.

Entre las autoridades que no concurrieron figuraron personas que desempeñaban cargos relevantes durante la crisis de 2019, incluidos antiguos responsables del Ministerio del Interior y exdirectores de la ANI y del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Marowski afirmó que esas ausencias dificultaron profundizar en algunas de las materias investigadas.

El diputado socialista Daniel Manouchehri sostuvo, en cambio, que la comisión no consiguió acreditar las hipótesis sobre una conspiración política, planificación coordinada o eventual intervención extranjera detrás del estallido social. A su juicio, los antecedentes recopilados evidenciaron principalmente las debilidades y falta de coordinación del sistema de inteligencia.

La comisión también acordó remitir a la Contraloría General de la República los antecedentes relacionados con las dos inasistencias del ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien presentó excusas para no comparecer.

Desde el Ministerio de Seguridad se argumentó que Arrau mantiene una asistencia frecuente al Congreso debido a sus funciones y que su responsabilidad está concentrada principalmente en la gestión de la seguridad pública.

Al término de su trabajo, parlamentarios de distintos sectores coincidieron en identificar deficiencias en la coordinación de los organismos estatales durante el estallido social, aunque mantuvieron diferencias respecto de las conclusiones políticas que se desprenden de la investigación. (NP-ChatGPT-Bio Bio)