Que una empresa emblemática, controlada por uno de los grupos económicos más importantes y tradicionales del país, sea descubierta en una práctica de colusión para perjudicar a los consumidores y ampliar sus márgenes de ganancia, no tiene en la actualidad nada de extraño. Al contrario: resulta perfectamente consistente con el enorme universo de hechos irregulares que en el último tiempo han golpeado nuestra convivencia, síntomas de una sociedad y de una época donde los parámetros de conducta privada y pública atraviesan por algo más que un simple proceso de relajamiento ético.
Luego de una auto-delación compensada, la histórica Papelera está siendo imputada por la Fiscalía Nacional Económica de un escandaloso pacto de colusión. Ha sido un golpe duro para la imagen del grupo económico directamente involucrado, para la clase empresarial en su conjunto y para aquellos que defienden los principios de la economía de mercado. De paso, la imagen del Centro de Estudios Públicos (CEP) también termina sacudida en algo por las esquirlas de una denuncia que mancha a su presidente y principal benefactor.
Como era obvio, el gobierno y todos los sectores políticos se han apresurado en salir a condenar y a rasgar vestiduras; en menos de 24 horas la propia Presidenta Bachelet se ha referido en dos ocasiones al caso, y el Ejecutivo ha repartido instructivos a sus partidarios para que puedan sacar el máximo provecho político de la situación.
La verdad, toda esta puesta en escena resulta un poco grotesca, ya que si de ‘colusiones’ se trata, lo que el país viene observando desde hace bastante tiempo es una extensión de sus tramas hacia ámbitos cada vez más vastos de la vida social. En rigor, colusiones no es sólo lo que ha habido entre las farmacias, productoras avícolas y ahora en la industria del papel. También hemos sido testigos de colusiones escandalosas entre la UDI y el grupo Penta, un amplio segmento de la izquierda chilena y el ex yerno de Pinochet, empresas pesqueras y parlamentarios que votan las leyes que las afectan directamente, candidatos a fiscal nacional que visitan a domicilio a los senadores de cuyo voto depende su cargo, acompañados incluso de abogados defensores de algunos de los imputados en causas políticamente relevantes.
El drama colectivo que encierra la situación por la que hoy atraviesa el grupo Matte es precisamente el no representar un hecho aislado, sino inscribirse en la lógica de lo que el país viene observando hace ya muchos meses, irregularidades e ilícitos de naturaleza distinta, pero donde el factor común no es otro que la ‘colusión’ entre intereses económicos y/o políticos, para defraudar a la sociedad y mantener posiciones de poder.
El país constata día a día cómo un sector de la élite empresarial no sólo se colude consigo misma, sino que logra cooptar a segmentos cada vez más amplios de la clase política, precisamente para que sus intereses puedan ser defendidos y preservados. Muchas de las voces para las cuales hoy resulta muy conveniente salir a disparar en contra del grupo Matte, han mantenido un silencio vergonzoso respecto de las responsabilidades de Julio Ponce en la denominada arista SQM.
Es cierto: el caso de colusión que hoy involucra a la Papelera es gravísimo, y debe ser investigado hasta las últimas consecuencias. Quizás lo único positivo de lo conocido hasta ahora es constatar que el país tiene hoy una institucionalidad que permite que estas situaciones no queden ocultas y en la total impunidad.
Pero este caso no puede ni debe servir para tapar o encubrir las otras colusiones de las que el país ha sido testigo; situaciones en que muchas de las autoridades públicas que hoy se sienten con legitimidad para salir a disparar en público, se han financiado de manera irregular por esos mismos a los que hoy condenan.
