Era junio de 2023, y una larga escala en París me dio la excusa perfecta para recorrer la ciudad. “Hoy será difícil volver” me advirtió el taxista. Era el día de una de las manifestaciones más masivas contra la reforma de pensiones. Las calles estaban abarrotadas de pancartas y el descontento era palpable. La oposición a la reforma era tan transversal que el Presidente Macron tuvo que recurrir a una facultad constitucional para imponerla por decreto presidencial. En ese momento entendí la enorme complejidad que implicaría aprobar una reforma de pensiones en Chile, con un gobierno que buscaba la refundación total del sistema.
¿Cuál era el precio de no avanzar? Bastaba con observar la evolución de nuestro sistema de pensiones en la última década. Mientras los beneficios del pilar solidario crecieron a una tasa promedio equivalente del 6% real anual, la tasa de cotización del pilar contributivo —pese al aumento en la expectativa de vida—seguía estancada en el 10%, el mismo nivel de hace 40 años.
La factura por no fortalecer el pilar contributivo ya había sido elevada. La última cuota de ese pasivo fiscal la pagamos con la creación de la PGU bajo el gobierno del Presidente Piñera, una medida que, en términos de valor presente a perpetuidad, le costó al fisco el equivalente a 30 puntos del PIB.
Seguir postergando el debate no era gratis. Así como el liderazgo de un grupo de senadores de oposición, junto con la certeza de que el costo de no avanzar era demasiado alto, comenzó a resonar en sectores clave del mundo político y empresarial. Sin embargo, había un punto intransable: los seis puntos de cotización adicional no podían destinarse a un esquema de reparto. La ciudadanía ya había enviado un mensaje claro en el último proceso constitucional, y desconocerlo habría significado repetir errores del pasado.
A pesar de que ambas partes debieron ceder en distintos aspectos, en este punto no hubo espacio para negociaciones. La decisión del Gobierno de refrendar lo planteado por la oposición y la ciudadanía en el proceso constitucional respecto de la propiedad de las cotizaciones, terminó habilitando el acuerdo. Pero más allá de lo que dice la ley, las preguntas que realmente inquietan a los ciudadanos son claras: ¿Se registrarán mis seis puntos de cotización en mi cuenta individual? ¿El Estado cumplirá con pagar el préstamo cuando me jubile? ¿Realmente bajarán las comisiones que cobra la AFP?
En un país donde la confianza en las instituciones está debilitada, la gente no se conformará con promesas, sino que esperará ver resultados palpables: “Ver para creer”. Y de materializarse lo que quedó en la ley, la reforma envejecerá bien. Los ciudadanos podrán responder estas preguntas y confirmar en la práctica que, efectivamente, #ConTuPlataNo se negoció. (El Mercurio)
Matías Acevedo
F.CIES -UDD
