El gobierno de Colombia aprobó un protocolo que permitirá la eutanasia de cerca de 80 hipopótamos descendientes de los animales introducidos ilegalmente por el narcotraficante Pablo Escobar en la década de 1980, como parte de un plan para controlar su crecimiento descontrolado.
La medida, impulsada por el Ministerio de Ambiente, busca enfrentar el impacto de esta especie invasora en los ecosistemas locales, especialmente en la zona de Puerto Triunfo, donde se ubica la ex Hacienda Nápoles.
El protocolo establece que la eutanasia será aplicada solo como último recurso, cuando otras alternativas no resulten viables. Entre los métodos considerados se encuentran la eutanasia química —mediante sedación y posterior aplicación de fármacos— y la eutanasia física, a través de disparos controlados para minimizar el sufrimiento del animal.
La decisión ha generado controversia en el país. Sectores animalistas han criticado la medida, calificándola como innecesaria y planteando que los animales son consecuencia de decisiones humanas previas, por lo que abogan por alternativas como la esterilización o el traslado a santuarios.
Sin embargo, las autoridades advierten que, de no intervenir, la población de hipopótamos podría alcanzar los 500 ejemplares hacia 2030, afectando gravemente especies nativas y ecosistemas acuáticos del río Magdalena.
El plan contempla también continuar con programas de esterilización —de alto costo y complejidad— y explorar opciones de traslado internacional, aunque estas últimas han tenido escasa respuesta desde otros países.
El caso refleja el desafío de gestionar especies introducidas de forma artificial, en un escenario donde se cruzan consideraciones ambientales, éticas y sociales. (NP-ChatGPT-Emol-Agencias)