El Colegio de Profesoras y Profesores, junto a dirigentes de asociaciones y sindicatos del sector educacional, inició este domingo una caminata de tres días hacia el Congreso Nacional para manifestar su preocupación por la situación de la educación pública y las restricciones presupuestarias que, según advierten, enfrenta el sector.

La movilización comenzó en Moneda 2394, en Santiago, y se extenderá hasta el 8 de septiembre. El inicio de la marcha estuvo marcado por los cuestionamientos del presidente del gremio docente, Mario Aguilar, hacia la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso por las restricciones establecidas para la última jornada del recorrido.

Aguilar denunció una actitud “hostil” y “absurda” por parte de la autoridad regional debido a que la movilización no podrá avanzar caminando por la avenida Santo Ossa hasta el Congreso. El dirigente sostuvo que en anteriores administraciones se había permitido utilizar esa vía y afirmó que el gremio hará valer su derecho a manifestarse pacíficamente.

El presidente del Colegio de Profesores explicó que uno de los principales objetivos de la movilización es advertir sobre las condiciones que enfrenta el sistema educacional, especialmente ante una eventual reducción significativa de recursos presupuestarios.

Según Aguilar, las dificultades afectan a distintos niveles, desde la educación inicial hasta la superior, incluyendo el sistema escolar y las instituciones encargadas de fiscalizar y garantizar el funcionamiento del sector.

La representante de la Federación Nacional de Organizaciones de Asistentes de la Educación Pública (Aefen), Yasna Sánchez, también manifestó preocupación por el escenario de la educación pública y llamó a fortalecer la unidad entre las organizaciones del sector.

Aguilar agregó que la caminata busca alertar sobre lo que el gremio considera amenazas adicionales para la educación, entre ellas eventuales prácticas autoritarias dentro de los establecimientos y una mayor mercantilización del sistema. El dirigente defendió la concepción de la educación como un derecho social y rechazó que vuelva a ser tratada principalmente como un bien de consumo.

Por su parte, María Beatriz Fuenzalida, representante de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (Andime), destacó la participación conjunta de distintas organizaciones y sostuvo que la movilización pretende visibilizar también la situación de los funcionarios públicos.

Fuenzalida cuestionó las medidas impulsadas por la actual administración y afirmó que estas representan un fuerte impacto para el Estado, sus trabajadores y la función pública. Las organizaciones participantes tienen previsto completar su recorrido con la llegada al Congreso Nacional en Valparaíso. (NP-ChatGPT-La Tercera)