El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, cuestionó la respuesta de los organizadores de la marcha estudiantil convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), luego de los incidentes registrados durante la movilización del jueves, que dejaron 37 personas detenidas y agresiones contra estudiantes de la Pontificia Universidad Católica (UC). La autoridad anunció que citará a los dirigentes de las organizaciones participantes para abordar medidas destinadas a prevenir nuevos episodios de violencia.

La manifestación, convocada a nivel nacional por la Confech, contó con la adhesión de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Colegio de Profesores. En Santiago, la jornada estuvo marcada por incidentes en las inmediaciones de la Casa Central de la Universidad Católica, en la Alameda, donde un grupo de manifestantes agredió a estudiantes que se encontraban en el acceso al recinto universitario.

Según el balance entregado por Carabineros, la movilización reunió a cerca de 6 mil asistentes, mientras que las organizaciones estudiantiles elevaron la cifra a más de 20 mil participantes. La policía informó, además, de 37 detenciones por diversos delitos registrados durante la jornada.

En entrevista con Radio Universo, Codina calificó los hechos como expresiones de violencia inaceptables y manifestó su preocupación por lo que considera una respuesta insuficiente de los convocantes frente a las agresiones. A su juicio, quienes organizan este tipo de manifestaciones deben asumir un papel activo en la prevención de incidentes y colaborar con las autoridades para identificar a sus responsables.

El delegado sostuvo que no ha observado una condena suficientemente categórica de los organizadores, aunque desde la Confech sí hubo un pronunciamiento de rechazo a los enfrentamientos entre estudiantes. La diferencia radica en la caracterización de los hechos, pues Codina descartó que se tratara de enfrentamientos y afirmó que lo ocurrido en las afueras de la Universidad Católica correspondió a agresiones directas contra alumnos que permanecían en el lugar.

La autoridad también vinculó los episodios con las consecuencias de la violencia registrada durante el estallido social de 2019. En ese contexto, advirtió sobre la necesidad de impedir que las manifestaciones vuelvan a convertirse en escenarios de agresiones y llamó a los distintos sectores políticos a rechazar expresamente esas conductas.

Codina relató que, tras los incidentes, acudió a la Universidad Católica para reunirse con representantes de la institución y estudiantes afectados. En el encuentro participaron el secretario general y el director jurídico de la casa de estudios, con quienes analizó las eventuales acciones judiciales que podrían presentarse contra los responsables.

De acuerdo con sus declaraciones, la universidad decidió avanzar en la preparación de medidas legales, mientras que desde el equipo del Ministerio de Seguridad se evaluará la pertinencia de intervenir en esas acciones. El objetivo, señaló, es establecer responsabilidades por las agresiones ocurridas durante la movilización.

Como parte de las medidas anunciadas, el delegado presidencial confirmó que citará a una reunión a los representantes de las organizaciones que convocaron la marcha, incluidos dirigentes de la Confech, federaciones estudiantiles, la CUT y el Colegio de Profesores.

La convocatoria considerará tanto a quienes presentaron formalmente la solicitud para realizar la manifestación ante la Delegación Presidencial como a aquellos dirigentes que participaron públicamente en su organización, aunque no figuren en los documentos ingresados a la autoridad.

Codina explicó que la reunión buscará establecer mecanismos de coordinación para reducir los riesgos de violencia en futuras movilizaciones. Entre las materias que pretende abordar se encuentran las medidas preventivas que pueden adoptar los convocantes y la colaboración con Carabineros para facilitar la identificación y detención de quienes cometan delitos.

El delegado insistió en que el derecho a manifestarse debe ser respetado, pero sostuvo que su ejercicio también requiere resguardos para proteger la seguridad de los participantes, transeúntes y establecimientos ubicados en los recorridos autorizados.

En ese contexto, abrió la posibilidad de modificar los trayectos de futuras marchas por la Alameda, especialmente en sectores donde se hayan producido incidentes. Precisó que esa alternativa deberá analizarse considerando tanto la libertad de manifestación como la necesidad de prevenir nuevos hechos de violencia.

La autoridad recordó que la Delegación Presidencial había autorizado el recorrido de la movilización y que esa decisión implicó, según sus palabras, un voto de confianza hacia las organizaciones convocantes. Sin embargo, afirmó que lo ocurrido obliga a revisar los mecanismos de coordinación y las condiciones de seguridad para próximas manifestaciones.

El llamado a reunión se produce en medio de las distintas reacciones políticas generadas por la jornada. Mientras sectores de oposición cuestionaron la actuación policial y denunciaron situaciones de represión durante la marcha, representantes del oficialismo condenaron las agresiones sufridas por estudiantes de la Universidad Católica.

La controversia también dejó en evidencia diferencias respecto de la responsabilidad que corresponde a las organizaciones convocantes frente a hechos protagonizados por terceros. Aunque la identificación de los autores de eventuales delitos corresponde a la investigación de las autoridades competentes, Codina planteó que los dirigentes deben contribuir a prevenir situaciones de riesgo y facilitar la coordinación con las policías.

Por ahora, la Delegación Presidencial busca concretar el encuentro con las organizaciones involucradas y evaluar eventuales modificaciones a los protocolos de seguridad y recorridos de futuras manifestaciones, sin desconocer el derecho de los estudiantes y otras agrupaciones sociales a expresar públicamente sus demandas. (NP-ChatGPT-Emol)