Codelco y el litio: ¿más o menos recursos para el fisco?-Juan Carlos...

Codelco y el litio: ¿más o menos recursos para el fisco?-Juan Carlos Jobet

Compartir

Esta semana se formalizó el encargo de Corfo a Codelco para negociar con SQM el ingreso del Estado —a través de la estatal— a la producción de litio en el salar de Atacama. A diferencia del resto de la política nacional del litio —confusa, mal concebida y de difícil ejecución—, este componente, negociar con SQM, puede ser positivo si se ejecuta bien.

Pero tiene serios riesgos. El principal, que la plata del litio se gaste en arreglar los problemas del cobre.

Vamos por partes.

Nuestros objetivos en litio son subir de forma social y ambientalmente sostenible la producción y que el Estado capture una parte sustancial de las rentas. Además, podríamos agregar algo más de valor y ser un centro de investigación en nuevas tecnologías.

¿Por qué negociar hoy y no esperar la expiración en 2030 del contrato de SQM? Primero, porque hoy la compañía no tiene incentivos para hacer inversiones en aumentar producción o mejorar tecnología, porque en siete años no la recupera (por eso está invirtiendo en Australia). Segundo, porque salvo que se negocie ahora, el aumento de producción sería después que el contrato expire, y no sabemos cuánto durará el ciclo del litio.

Además, negociar en vez de licitar permite usar la experiencia de SQM para aumentar la producción. Aunque ese aumento antes de 2030 sería menor (digamos, 10%), cualquier tercero que entre demoraría en administrar bien los activos de SQM cuando se le transfieran. Esto, sin contar la incertidumbre de una licitación en que SQM tiene todas las de ganar.

La negociación entonces puede tener sentido. Y aunque un acuerdo puede tomar muchas formas, sus contornos podrían ser: el Estado aumenta el plazo y la cuota de producción. A cambio (y quizás a cambio también de bajar el arriendo), el Estado obtiene acciones del negocio y exige aumentar los estándares ambientales. Podría además mejorarse el contrato para hacer más expedito el eventual traspaso de la operación a un tercero.

Pero ese diseño general tiene desafíos. Uno es la ambición de control estatal. ¿Qué significa “control”? Me temo que ni el propio Gobierno sabe. Y que, en lo político, es una restricción impuesta para satisfacer a quienes quisieran una empresa nacional del litio a cargo de toda la industria. Como eso no tiene viabilidad política, el control estatal es un sucedáneo.

En lo práctico, si control estatal es captar más del 50% de las rentas, puede funcionar. De hecho, a precios razonables, eso ya se cumple, en parte gracias a la negociación de Eduardo Bitran. Es esencial, en cualquier caso, que la compañía tenga recursos para reinvertir y que pueda tomar riesgos para aumentar su producción e incorporar tecnología.

Si control, en cambio, significa gestionar el negocio, eso es mala idea. Porque nuestras empresas estatales no tienen buen historial. Porque el Estado no sabe de litio (y Codelco tampoco, o sabe tanto de litio como Enap de balones de gas). Y porque SQM no aceptaría ceder la gestión, lo que haría fracasar un acuerdo.

Otros problemas nacen, porque el que negocia es Codelco. Es cierto que la estatal tiene equipos capacitados para negociar. Y que negocie Codelco y no el Gobierno aleja de La Moneda un acuerdo políticamente sensible y le da más continuidad a su ejecución. Todo eso está bien.

Pero involucrar a Codelco tiene al menos tres riesgos. Uno, distraerla de su foco: revertir la caída en su producción de cobre. Ahí debe priorizar sus esfuerzos. Hay miles de millones de dólares en juego, y mucho espacio de mejora —digámoslo suave— para ejecutar los proyectos estructurales en tiempo y costo.

Segundo, hay un riesgo para la libre competencia. Codelco tiene un proyecto en Maricunga. ¿Cómo gestionará dos compañías que compiten? Si decide asociarse con privados en Maricunga, ¿cómo resolverá la tensión entre socios distintos, SQM (con nuestros fondos de pensiones y una empresa china de accionistas) en un caso, y su socio en Maricunga, en el otro? ¿Dónde va a concentrar sus esfuerzos? ¿Cómo va a administrar la información sensible? (Para qué hablar si además entra en litio la Enami).

Por último, hay un serio riesgo para las arcas fiscales.

En 2022 el Estado recibió más de cinco mil millones de dólares del litio, más de tres mil de ellos por arriendos; el resto por impuestos. La magnitud de esos recursos generó, de hecho, una discusión en el Consejo Fiscal Autónomo. Si Codelco queda a cargo del negocio, ¿significa que en el futuro todos los ingresos del litio (salvo los impuestos, claro) quedarían para ella?

Codelco tiene mucha deuda y su operación está exigida. No debemos arreglar sus problemas con las platas del litio.

Esos recursos (y los extras que genere una negociación) deben llegar al fisco, como ocurre hoy. Si Codelco necesita capital, eso debe evaluarlo Hacienda, comparando con los usos alternativos.

De lo contrario, lo que en teoría es delegar a Codelco una negociación para capturar más recursos del litio para el fisco, sería en los hechos un enorme gasto de esos recursos en un aumento de capital encubierto a la estatal.

Difícil pensar que el Ministerio de Hacienda haya aprobado algo así. Pero como la política del litio y el mandato de Corfo a Codelco no son claros, no estaría de más asegurarse.

Juan Carlos Jobet