Codelco presentó un recurso de amparo económico ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de la Contraloría General de la República, acusando al organismo de imponer una exigencia inédita que, a juicio de la empresa estatal, dificulta el desarrollo de sus actividades y afecta su capacidad para operar bajo criterios empresariales.

La controversia surgió a raíz del proyecto de exploración de litio en el Salar de Ascotán, en la Región de Antofagasta, iniciativa que Codelco desarrolla junto a la empresa Quiborax a través de la sociedad Minera Ascotán SpA. Esta entidad solicitó un Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL), el que fue aprobado por el Ministerio de Minería mediante decreto supremo.

Sin embargo, durante el trámite de toma de razón, la Contraloría rechazó el decreto al cuestionar que la constitución de la sociedad y la participación de Codelco no hubieran sido previamente sometidas al control de legalidad mediante un acto administrativo.

La estatal sostiene que dicha interpretación obliga a adoptar decisiones empresariales a través de actos administrativos sujetos a toma de razón, exigencia que considera incompatible con su naturaleza jurídica y con el régimen especial que regula su funcionamiento. En su presentación judicial, argumenta que nunca, en más de cinco décadas de existencia, ha debido someter este tipo de decisiones comerciales al control preventivo del organismo fiscalizador.

Codelco reconoció que a fines de 2025 sometió a toma de razón la creación de la filial Minera Tarar SpA, vinculada al desarrollo de proyectos de litio en el Salar de Atacama. No obstante, afirmó que se trató de una instrucción específica asociada a ese proceso y no del establecimiento de un criterio general para todas sus operaciones.

La minera advirtió que la interpretación de la Contraloría podría afectar su estrategia de asociaciones con empresas privadas, mecanismo que ha utilizado para desarrollar proyectos, ampliar su cartera de negocios y financiar inversiones sin incrementar significativamente su nivel de endeudamiento.

En una declaración pública, Codelco aseguró que la acción judicial busca obtener certeza jurídica respecto de sus facultades como empresa estatal. Asimismo, recalcó que mantiene pleno respeto por las atribuciones de la Contraloría y que continuará sometida a los distintos mecanismos de fiscalización establecidos por la legislación vigente. (NP-ChatGPT-Emol)