El crecimiento de las economías ilícitas en Chile encendió las alertas del sector privado, luego de que un informe elaborado por 30 gremios y cerca de 70 expertos estimara que estos mercados movilizan alrededor de US$5.700 millones al año en el país.

El estudio, presentado por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), advierte que las actividades ilegales dejaron de representar problemas aislados y pasaron a convertirse en una amenaza estructural para la economía, la seguridad y el funcionamiento de los mercados.

La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, sostuvo que el avance de estas redes afecta distintas dimensiones del desarrollo nacional y requiere una respuesta coordinada entre el Estado, las empresas y la sociedad civil.

Desde la Cámara Nacional de Comercio (CNC), su presidente José Pakomio advirtió que las organizaciones criminales han comenzado a infiltrarse en distintos sectores económicos, utilizando actividades comerciales como fachada para sus operaciones. Según indicó, estas redes no solo estarían vinculadas a rubros ya identificados públicamente, como algunas barberías, sino también a otros negocios donde se ha detectado un rápido crecimiento.

El dirigente gremial mencionó actividades como ópticas, centros de estética y determinados comercios de gran expansión como áreas que generan preocupación y requieren mayor fiscalización. Además, señaló que estas situaciones no se concentran únicamente en Santiago, sino que también se observan en distintas regiones del país.

Pakomio afirmó que el crimen organizado ha desarrollado estructuras cada vez más complejas y llamó a fortalecer las capacidades institucionales para enfrentarlo. A su juicio, Chile necesita mejorar su coordinación y capacidad de respuesta frente a organizaciones que operan con altos niveles de planificación.

El representante de la CNC también planteó la necesidad de abordar el comercio ambulante irregular dentro de las estrategias de seguridad pública. En ese contexto, propuso que sea considerado como una incivilidad dentro de iniciativas como el Registro de Vándalos impulsado por el Gobierno.

El debate ocurre en medio de una creciente preocupación por el impacto económico del crimen organizado, incluyendo delitos como contrabando, lavado de activos, comercio ilegal y otras actividades que afectan la competencia, la inversión y la recaudación fiscal. (NP-ChatGPT-Emol)