Uno de los cambios más relevantes de la Ley de Educación Superior es la creación del nuevo sistema de aseguramiento de la calidad, el que a partir de este año se comenzó a implementar. La normativa modificó la composición de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Además, hace obligatoria la acreditación institucional, de las carreras de pedagogía, medicina y odontología; y establece que se deben elaborar nuevos criterios y estándares de acreditación conforme a los requisitos que define.
Todo ello conlleva un desafío importante. La nueva CNA no sólo debe preocuparse por su correcta instalación, sino que debe hacerlo al mismo tiempo que corren los plazos definidos por la ley para llevar adelante cada una de las medidas mencionadas. Lo que, a su vez, es una gran presión sobre los propios planteles que deben adaptarse y cumplir con los nuevos requisitos.
Sin duda la ley sentó bases importantes para asegurar la calidad de la educación superior; sin embargo, su implementación es tanto o más importante que el texto legal. Ejemplo de ello son los criterios y estándares que se elaboren para la acreditación, tanto su discusión como el texto que se defina será clave para el sistema. En definitiva, ellos plasmarán el concepto de aseguramiento de la calidad que se implemente, si se avanzará hacia un sistema de control procedimental o de fortalecimiento de las instituciones mediante una cultura de mejora de la calidad, determinando en consecuencia cómo serán las instituciones de educación superior, su autonomía, la diversidad del sistema, su complejidad, etc.
La CNA, para propender a fortalecer y mejorar realmente al sistema, debiese ser un órgano que acompañe y oriente a las instituciones, pues para fiscalizar y controlar se creó a la Superintendencia de Educación Superior. En ese sentido, es importante que la CNA pueda dedicar el tiempo pertinente para llevar adelante los procesos de acreditación de manera correcta y que los planteles cuenten con el tiempo de adaptación, con la información y certeza sobre los cambios que vienen. Actualmente se discute en el Senado un proyecto de ley “corta” que busca mejorar la transición hacia el nuevo sistema, dando más plazo tanto para discutir los criterios y estándares como para que una vez aprobados las instituciones de educación superior puedan incorporarlos antes que se les apliquen. En la misma línea se presentaron indicaciones para que el nuevo sistema de aseguramiento de la calidad comience a regir en conjunto y no de forma parcelada, pues de lo contrario sólo significaría mayor confusión.
En cuanto al trabajo de la CNA, el desafío es mayor, ya que la carga laboral que le entrega la ley, especialmente en los primeros años, es más del doble que lo que le correspondería en un año normal. Sin ir más lejos, debe llevar adelante los procesos de 42 instituciones no acreditadas antes del 2024, sin contar los programas de pedagogía ni médicos, ni tampoco los procesos de aquellas instituciones que en 2020 deben someterse nuevamente a acreditación. Comprendiendo esto, la ley estableció que el nuevo sistema de acreditación voluntaria para las carreras y programas que no tienen obligación de acreditarse comience a regir en 2024. Sin embargo, dentro de las indicaciones del proyecto de ley corta, se pretende eliminar dicho plazo de vacancia, aumentando aún más la carga para la CNA.
El problema de ello es la calidad y dedicación con que podrá llevar adelante su trabajo, tanto en cada uno de los procesos de acreditación como en la elaboración de los nuevos criterios y estándares.
Si bien la ley fue bastante rígida en su normativa dejando poco espacio para el actuar de la CNA, es suficiente para que las decisiones que tomen los consejeros marquen el rumbo del nuevo sistema de aseguramiento de la calidad, de manera que realmente signifique una mejora y fortalezca a las instituciones. En ese sentido, es importante la celeridad con que se quiere avanzar, lo que no significa que se pueda pasar a llevar el fin de esta política: la calidad de la educación superior. Por supuesto, en esta tarea los senadores juegan un rol importante y la seriedad con que discutan el proyecto de ley es clave para la implementación del sistema. (La Tercera)
Magdalena Vergara
