Clínicas de Chile, asociación gremial que reúne a cerca de 40 prestadores de salud, se refirió hoy martes a la propuesta del Gobierno para hacer cumplir el fallo de la Corte Suprema sobre la aplicación de la tabla de factores de las isapres.
El Ejecutivo presentaría durante marzo un proyecto de ley corta para hacer efectivo el dictamen que ordena a las aseguradoras de salud privada a devolver los cobros extra a los afiliados, montos que se estiman en hasta US$1.400 millones.
A través de una declaración, la asociación sostuvo que «valoramos la iniciativa del Poder Ejecutivo de presentar una ‘ley corta’ que haga frente a la denominada crisis que afecta al aseguramiento privado», aunque la propuesta «está lejos de resolver el problema y nos alerta sobre un posible colapso, cada vez más inminente, del sistema de salud».
En ese sentido fueron categóricos al señalar que «la envergadura de la problemática compromete la viabilidad de los prestadores privados en el corto plazo» y aseguran, en ese mismo tono, que «las deudas que el sistema de isapres mantiene con los prestadores de salud privados ascienden a más de $500 mil millones».
Según la agrupación gremial, esta cantidad de dineros no fue incluido «en los cálculos de los montos que el sistema asegurador debe regularizar, dado que sus garantías, en caso de requerirse, no son suficientes ni tampoco liquidables en el corto plazo, debido a las cuentas que están en proceso y no han sido reconocidas por las isapres».
Sobre un eventual colapso del sistema asegurador privado, indicaron que «generará una crisis de liquidez que, para muchos de nuestros establecimientos, significará insolvencia y quiebra por no contar con los recursos necesarios para financiar la operación».
Y destacan sobre este punto se acentúa para médicos, laboratorios y clínicas que se enfocan en la atención médica de pacientes con menores ingresos o regiones, ya que puede “perderse importante capacidad instalada para resolver los problemas de salud de la población”.
Respecto a las propuestas, sostuvieron que «cualquier solución que se plantee debe tener un claro y sólido respaldo técnico que permita su viabilidad y factibilidad. Las certezas para el sector prestador privado son urgentes y apremiantes. Hemos tenido que soportar largos meses de incertidumbre, con consecuencias lamentables como la paralización de proyectos de inversión en equipamiento e infraestructura, requiriendo en muchos casos incluso, el apoyo del sector financiero para poder seguir operando».
«Como sector estamos abiertos a los cambios en beneficio de nuestros pacientes y valoramos la propuesta de fortalecimiento del Fonasa. Sin embargo, sabemos que no será viable el traslado de millones de afiliados al sistema público producto de una abrupta caída del sistema privado», completaron. (Emol)
