- La acreditación de las instituciones, que hasta ahora era voluntaria -en rangos que podían ir de 2 a 7 años- ahora será obligatoria y se entregará por un plazo uniforme de 8 años. El proyecto establece que habrá 3 niveles de acreditación –A, B y C–, y un estado condicional transitorio, en el que la institución podrá estar sólo una vez. Si la institución no se acredita, se nombrará un Administrador Provisional con la misión de lograr que la casa de estudios se certifique. Si no lo logra en un plazo de 3 años, procederá a su cierre.
- Esta acreditación será en 5 áreas obligatorias: gestión institucional; sistema interno de gestión de la calidad; docencia y formación; investigación, creación e innovación; y vinculación con el medio. En la actualidad éstas dos últimas áreas eran optativas para los planteles, con lo que la reforma obligará a realizar investigación para poder funcionar, como ocurre en la mayoría de los países.
- La acreditación de los planteles estará a cargo del Consejo para la Calidad de la Educación Superior, un nuevo organismo que reemplazará a la actual Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Será un servicio público autónomo, de 11 miembros elegidos por Alta Dirección Pública y estarán sujetos a reglas de probidad pública.
- Nuevo sistema de admisión para la educación superior. El sistema establece un Sistema Común de Acceso a la Educación Superior, a cargo de la subsecretaría de Educación Superior, en lugar del Consejo de Rectores, como ocurre hoy. Es decir, la PSU podría desaparecer o transformarse en otro instrumento. El sistema también considera los IP y CFT.
- La reforma establece un “trato especial” para las universidades estatales, que recibirán un financiamiento basal exclusivo, cuyo monto no ha sido detallado aún. Se eliminará algunos controles a los que hoy están sometidas y que dificultan su gestión, -el exceso de burocracia-, en condiciones similares a las privadas.
- Las estatales, además, tendrán un fondo especial para investigación, al que podrán optar todas las universidades con gratuidad.
- A la vez, se establecerá deberes para las universidades estatales yun modo de gobierno, que considera la participación de la comunidad universitaria y del Estado. De esta manera, el rector será electo únicamente por académicos, su cargo durará 4 años y se limitará la reelección hasta por un solo período consecutivo. Mientras que en el Consejo Directivo, habrá cuatro representantes del Presidente de la República, elegidos por Alta Dirección Pública, además de representantes de los académicos, y del Órgano Superior, que representa a todos los estamentos (incluidos los estudiantes). (El Dínamo)
