La ministra de Justicia, Marcela Ríos, enfrenta una serie de críticas de la oposición, luego de que diputados del bloque le pidieran explicaciones por el acuerdo «a la fuerza» suscrito entre Gendarmería y un grupo de presos mapuche del Centro de Detención Preventiva (CDP) de Angol, en el cual lograron una serie de beneficios carcelarios.
Los reproches se generaron luego de que se dieran a conocer los detalles del pacto, el cual fue obtenido luego de que los reclusos iniciaran una huelga de hambre que se prolongó por 27 días, a lo cual se sumó un ataque incendiario contra un parque eólico en el que se dejaron pancartas con amenazas al alcaide de ese recinto penitenciario.
A esas medidas de presión se sumó la visita que realizó al penal un grupo de comuneros junto al lonko de la comunidad autónoma de Temucuicui, Victor Queipul, quienes de acuerdo a diversas versiones publicadas esta tarde por La Segunda, habrían permanecido desde las 9 de la mañana hasta la madrugada del jueves pasado.
Según esas fuentes, Queipul habría manifestado que no se retiraría del lugar hasta conseguir el traslado de los presos al Centro de Educación y Trabajo de Angol, el cual mantiene un régimen semicerrado. Además, exigieron dos permisos al año para jugar al palín, no enrolar a menores de 14 años y salidas a funerales y nacimientos de hijos.
El petitorio también incluyó la posibilidad de tener visitas normales, entre las 10 y las 16 horas, tres veces a la semana y poder participar de las celebraciones del Wetripantu o Año Nuevo Mapuche. Ante esa situación, que incluyó una protesta en el exterior del CDP el martes pasado, los gendarmes aceptaron firmar el documento.
El hecho generó una reunión realizada en el Ministerio de Justicia, en la cual participó el subsecretario de la cartera, Jaime Gajardo, el director nacional de Gendarmería y el presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de la institución y su par de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, Patricio Riquelme.
Este último comentó al medio citado que «nos preocupa la presión que se haya hecho y también que el director regional haya firmado un protocolo que se contradice por completo con la normativa vigente, y que en el fondo termina afectando la seguridad de la sociedad y del personal de Gendarmería».
En ese contexto, el diputado por la zona, Henry Leal (UDI), sostuvo que están evaluando una acusación constitucional en contra de Ríos. «Es inaceptable que presos tengan la capacidad de presionar para que los cambien de cárcel. Más grave es que hay autoridades dispuestas a ceder», dijo.
En tanto, la diputada Gloria Naveillán (Republicano) emitió una citación a la secretaria de Estado para que responda por el tema ante la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja.
En un oficio que envió a la jefa de la cartera, la parlamentaria pidió que explique si estaba al tanto del acuerdo y que detalle qué norma jurídica permitió el pacto.
SEPÚLVEDA (PR): «MINISTRA DEBE DAR RESPUESTAS»
Desde Chile Vamos repudiaron la decisión y no descartan acusar constitucionalmente o interpelar a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, por su responsabilidades en el traslado.
En esa misma línea, el primer vicepresidente de la Cámara, el parlamentario oficialista Alexis Sepúlveda (PR), señaló «que Gendarmería es un órgano autónomo que puede hacer lo que quiera es otro tremendo error por cuanto el director o directora nacional de Gendarmería es nombrado directamente por el Presidente de la Republica. Es un cargo de absoluta confianza».
– ¿Qué opina de la decisión del traslado?
Lo que ahí se ha producido es de una gravedad tremenda. Es una malísima señal, es una tremenda irresponsabilidad lo que ha sucedido. De sucumbir a las presiones que han hecho estas personas que están detenidas por hechos delictuales y que además se han producido amenazas a funcionarios, al alcaide, además de la presión de huelga de hambre para gestionar un traslado. Y sucumbir a esas presiones es la peor señal que puede dar un gobierno, aquí hay una tremenda irresponsabilidad.
-¿Cree que no se debería haber tomado esta decisión?
Bajo las presiones que ellos ejercieron, bajo ningún caso. Aquí ha habido amenazas a funcionarios de gendarmería. Aquí ha habido hecho realmente inaceptables en un estado de derecho y por lo tanto la decisión de traslado fue bajo una acción de cohesión, de presión, de fuerza que hicieron estas personas, más que una decisión colegiada, estudiada, analizada por gendarmería y por el ministerio de justicia.
-Entonces ¿Tiene responsabilidad el ministerio o la ministra?
Aquí no se puede ligar la responsabilidad solamente a Gendarmería. Este es un hecho que tiene connotaciones sin duda políticas y por lo tanto la ministra tiene que dar respuestas y en mi opinión se tiene que buscar la fórmula de revertir esta decisión porque es la peor señal que tenemos en este momento, sobre todo cuando tenemos un enfrentamiento frontal con aquellos que en la zona macro sur, en la zona de La Araucanía mantienen un conflicto armado.
-¿Se sumaría eventualmente a una Acusación Constitucional o interpelación a la ministra Ríos?
Las decisiones que tome Chile Vamos con respecto al accionar de la ministra son parte de ellos. Yo preferiría que la ministra actúe, que tome acciones. Yo he visto muy ausente a la ministra de justicia en los temas vinculados a la delincuencia que tienen siempre una vinculación con su cartera. Mas bien he visto llevándose el peso de toda la problemática a la ministra del interior y claramente aquí hay temas que tienen que ver con las policías, con el control, con las políticas públicas en términos de seguridad, pero también hay una parte importante que tiene que ver con las penas, las sanciones, con los cumplimientos de condena, las libertades condicionales eventualmente que se otorgan a los delincuentes y por lo tanto he visto más bien sacándole el bulto al tema a la ministra de justicia y dejando con todo el peso de la responsabilidad en un área en que ella también comparte responsabilidades.
-¿Qué tendría que ahora hacer la ministra?
Yo le pediría a la ministra de justicia que pudiera revisar esta decisión. Que recabe los antecedentes al interior de Gendarmería y que se revise lo que aquí se ha decidido porque es una malísima señal a la ciudadanía. Es la peor señal que le damos a estos delincuentes que están haciendo acciones armadas en la zona de la Araucanía.
-¿Cuál cree fue la responsabilidad política de la ministra?
La verdad es que no es nuestra función establecer las responsabilidades. Yo creo que el presidente tiene que ponderar lo que esto impacta en la confianza. Hemos tenido en los últimos días y valoramos y apoyamos las señales que ha dado el presidente, la ministra del interior, el subsecretario Monsalve para enfrentar estos hechos en la macrozona sur. De violencia, por cierto, la delincuencia global en las distintas regiones del país, y obviamente que acciones de esta naturaleza hacen perder toda la confianza que se construye de parte del gobierno. La ministra más allá de las responsabilidades eso lo tendrá que ver Chile Vamos con las acciones que presente. Pero lo que a nosotros nos interesa es que esperaría que la ministra pudiera intervenir en este tema y revertir una decisión de esta naturaleza porque es una pésima señal. Es una señal que contradice lo que hemos estado transmitiendo durante todo este tiempo. (Emol)
