La seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Brintrup, enfrenta cinco denuncias presentadas al amparo de la Ley Karin, situación que ha generado preocupación entre los funcionarios de la repartición y mantiene abierto un proceso de investigación administrativa impulsado por el Ministerio de Salud.
Las acciones fueron interpuestas por funcionarias de las provincias de Llanquihue y Palena, quienes acusan presuntos malos tratos, acoso laboral y decisiones administrativas que consideran arbitrarias por parte de la autoridad regional. Las primeras denuncias fueron ingresadas el 28 de mayo, mientras que otras dos se presentaron los días 22 y 23 de julio. Una quinta denuncia habría sido incorporada durante la presente semana.
La situación se produce cuando Brintrup lleva cerca de cuatro meses al frente de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Los Lagos, cargo que asumió durante la actual administración.
El presidente regional de la Asociación de Funcionarios de la Seremi de Salud, Alexis Díaz, señaló que las denuncias corresponden a hechos que los trabajadores califican como malos tratos y que, por esa razón, fueron canalizadas a través de los procedimientos establecidos en la Ley Karin. Asimismo, indicó que resulta especialmente preocupante que las denuncias hayan sido presentadas por funcionarias de la institución, por lo que llamó a adoptar medidas que permitan abordar el conflicto laboral.
Por su parte, la seremi Evelyn Brintrup confirmó haber sido notificada de cuatro de las denuncias y manifestó que las personas involucradas tienen el derecho de recurrir a los mecanismos que contempla la legislación vigente. Agregó que solicitó que las investigaciones se desarrollen con la mayor rigurosidad para esclarecer los hechos y determinar si existen responsabilidades.
De acuerdo con los antecedentes conocidos, el Ministerio de Salud evalúa disponer de funcionarios provenientes de otras regiones para llevar adelante las investigaciones, con el propósito de garantizar la imparcialidad de los procedimientos.
La Ley Karin, vigente desde agosto de 2024, fortaleció los mecanismos de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en los espacios de trabajo, estableciendo la obligación de que los empleadores adopten protocolos de actuación y desarrollen investigaciones oportunas frente a denuncias de esta naturaleza.
El desarrollo de los procesos administrativos determinará si las denuncias reúnen antecedentes suficientes para establecer eventuales responsabilidades o la adopción de medidas disciplinarias, conforme a lo establecido en la normativa vigente.