China anunció este miércoles sanciones contra seis organizaciones y empresas estadounidenses, como respuesta a las recientes restricciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos a decenas de compañías chinas por presuntos vínculos con trabajo forzoso en la región autónoma de Xinjiang.
El Ministerio de Comercio de China informó que las entidades incluidas en la lista de contramedidas no podrán mantener transacciones comerciales, cooperación ni otras actividades con personas u organizaciones radicadas en territorio chino. La decisión entró en vigor de forma inmediata.
Las sanciones alcanzan a Applied DNA Sciences, Stratum Reservoir, Altana Technologies, Responsible Business Alliance, Verité y Human Rights in China. Varias de estas organizaciones desarrollan labores de auditoría, verificación de cadenas de suministro, trazabilidad de productos y monitoreo del cumplimiento de estándares laborales y de derechos humanos utilizados por empresas internacionales para evaluar sus proveedores.
Según el Gobierno chino, estas entidades respaldaron o colaboraron con las medidas adoptadas por Washington respecto de Xinjiang, las que, a juicio de Pekín, vulneran su soberanía, afectan su seguridad nacional y perjudican sus intereses económicos y de desarrollo.
El Ministerio de Comercio calificó las sanciones como una respuesta “proporcionada” e instó a Estados Unidos a eliminar las restricciones impuestas a empresas chinas. Asimismo, advirtió que adoptará nuevas contramedidas si Washington continúa ampliando las limitaciones comerciales o tecnológicas contra el país asiático.
La decisión se produjo pocos días después de que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos incorporara otras 43 compañías chinas a la lista de entidades sujetas a restricciones bajo la Ley para la Prevención del Trabajo Forzoso Uigur (Uyghur Forced Labor Prevention Act), elevando a 187 el número total de empresas afectadas.
Esa legislación, vigente desde 2022, presume que los bienes producidos total o parcialmente en Xinjiang han sido elaborados mediante trabajo forzoso, salvo que las empresas puedan demostrar lo contrario con evidencia verificable. Como consecuencia, los productos fabricados por las compañías incluidas en la lista tienen prohibido ingresar al mercado estadounidense.
Washington sostiene que autoridades chinas han implementado programas de trabajo coercitivo y reubicación forzada que afectan principalmente a la población uigur y a otras minorías musulmanas de Xinjiang. Diversos informes de Naciones Unidas, organizaciones de derechos humanos y centros de investigación han documentado denuncias sobre detenciones masivas, vigilancia, restricciones culturales y laborales en esa región.
China rechaza esas acusaciones y afirma que sus políticas buscan combatir el extremismo, prevenir el terrorismo y promover el desarrollo económico y la generación de empleo. Pekín sostiene que las medidas estadounidenses constituyen un uso político de los derechos humanos para restringir el comercio y contener el crecimiento económico chino.
Las nuevas sanciones se producen pese al acercamiento diplomático registrado tras la reunión que sostuvieron los presidentes Xi Jinping y Donald Trump en mayo, encuentro en el que ambas potencias manifestaron su intención de estabilizar la relación bilateral y fortalecer el diálogo económico. Sin embargo, desde entonces ambos gobiernos han continuado aplicando restricciones recíprocas en ámbitos como tecnología, semiconductores, inteligencia artificial, comercio, seguridad nacional y derechos humanos.
Analistas internacionales consideran que el intercambio de sanciones refleja que, pese a los esfuerzos por mantener abiertos los canales de diálogo, la competencia estratégica entre las dos mayores economías del mundo continúa profundizándose y seguirá marcando el escenario del comercio internacional y de las cadenas globales de suministro.