El consorcio conformado por las compañías China Mobile, China Telecommunications y China United Network presentó una propuesta estratégica para avanzar en la concreción del proyecto “Chile China Express”. La iniciativa, que contempla una inversión de US$500 millones para unir Valparaíso con Hong Kong, incluye el ofrecimiento de conectar gratuitamente a Rapa Nui y la isla Juan Fernández mediante un dispositivo de desviación de señal o “branch”. Esta mejora tecnológica permitiría dotar de internet de alta velocidad a los territorios insulares, superando las limitaciones del servicio satelital actual sin costo para el Estado chileno.
Pese al atractivo técnico del proyecto, la iniciativa enfrenta una oposición frontal por parte de Estados Unidos. Washington advierte que la Ley de Seguridad Nacional de China podría obligar a las empresas a entregar datos confidenciales, convirtiendo el cable en una herramienta de espionaje. Además del factor de seguridad, fuentes diplomáticas señalan que existe una disputa geopolítica de fondo, ya que el trazado chino amenazaría la exclusividad de las conexiones submarinas bajo influencia estadounidense y permitiría a Pekín mayor autonomía en el tráfico global de datos.
La tensión alcanzó un punto crítico tras la decisión del secretario de Estado, Marco Rubio, de suspender las visas al ministro Juan Carlos Muñoz y al subsecretario Claudio Araya por “socavar la seguridad regional”. El Gobierno de Chile respondió con una nota de protesta y la condena pública del Presidente Gabriel Boric, quien calificó la medida como una vulneración a la soberanía nacional. El canciller Alberto Van Klaveren enfatizó que Chile no aceptará imposiciones externas sobre decisiones estratégicas que competen exclusivamente al Estado.
En términos administrativos, la solicitud de concesión ingresada ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones ya superó las observaciones técnicas y se encuentra en etapa de confección del decreto correspondiente. Sin embargo, tras la firma de la autoridad, el consorcio chino deberá tramitar otros 12 permisos sectoriales. Instituciones ligadas a la Armada, como el SHOA y Directemar, jugarán un rol clave en la aprobación final, en un contexto donde el gobierno electo de José Antonio Kast deberá decidir si prioriza los intereses comerciales con China o la alianza ideológica y de seguridad con la administración de Donald Trump. (NP-Gemini-Reportea)