China ha intensificado la fiscalización de los patrimonios mantenidos en el extranjero por sus ciudadanos más acaudalados. Algunas revisiones se remontan hasta 25 años. Al mismo tiempo, el control de pasaportes y las restricciones para salir del país, antes concentrados en funcionarios del Partido y del Estado, se han extendido a profesores, médicos, empleados bancarios y especialistas tecnológicos. A ello se suma el renovado interés por conceptos como la “economía del pueblo”, la coordinación nacional “como un solo tablero” y la asignación estatal de recursos.

Aunque estas medidas pertenecen formalmente a ámbitos distintos, todas responden a una misma lógica: cuando el mercado no resuelve los problemas, el Partido Comunista chino recurre a una mayor intervención del Estado. China difícilmente regresará al aislamiento de la era de Mao, pero está construyendo un sistema de control más selectivo, sofisticado y difícil de detectar.

El déficit fiscal es solo la primera explicación

La ofensiva tributaria responde, en parte, al deterioro de las finanzas públicas. La crisis inmobiliaria redujo los ingresos de los gobiernos locales por venta de terrenos, mientras las menores utilidades empresariales y la debilidad del consumo restringieron la recaudación. A eso se suma el envejecimiento de la población, que obliga a elevar el gasto social. En este contexto, los fideicomisos, propiedades, acciones, seguros e inversiones que los ciudadanos chinos mantienen fuera del país aparecen como una fuente tentadora de recursos.

Sin embargo, si el objetivo fuera únicamente recaudar, Beijing no necesitaría reabrir casos de hace más de dos décadas ni restringir simultáneamente la salida de personas y capitales. La preocupación de fondo es otra: que el estancamiento económico acelere la fuga de capitales, la emigración de empresarios y el distanciamiento de las élites.

Cuando una persona adinerada traslada su patrimonio al extranjero, no solo saca divisas: también emite un voto de desconfianza sobre el futuro del país. En un régimen autoritario, esa falta de confianza económica suele confundirse con falta de lealtad política. La fiscalización, por tanto, no busca solamente recaudar. También transmite un mensaje a los sectores más ricos: pueden conservar su fortuna, siempre que esta permanezca al alcance del Estado.

La lección de la guerra en Ucrania

Otra explicación puede encontrarse en la experiencia rusa. El congelamiento de activos, las sanciones bancarias y las restricciones contra empresas de Rusia mostraron a Beijing lo que podría ocurrir si una crisis en el estrecho de Taiwán o un enfrentamiento con Estados Unidos derivara en un bloqueo financiero.

Si una parte importante del capital, los empresarios y el talento tecnológico chino ya estuviera instalada en Occidente, la capacidad del país para resistir sanciones sería mucho menor. Por eso, consignas como “autosuficiencia tecnológica”, “circulación interna” y control de los sectores estratégicos no deben entenderse solamente como políticas económicas. También forman parte de una preparación frente a eventuales escenarios de conflicto.

Restringir la salida de especialistas, identificar activos en el exterior y reforzar la seguridad energética y alimentaria son medidas destinadas a reducir vulnerabilidades. El Partido puede no considerar inevitable una confrontación, pero está reorganizando la economía bajo el criterio del peor escenario posible. El problema es que, cuando un país administra su vida normal con parámetros propios de una guerra o un bloqueo, termina sacrificando apertura, confianza y capacidad de innovación.

La seguridad por encima de la eficiencia

La causa más profunda se encuentra en la doctrina que Xi Jinping ha impuesto desde su llegada al poder. Durante las primeras décadas de la reforma económica, el Partido permitió que gobiernos locales, empresas y particulares persiguieran sus propios intereses, confiando en que el crecimiento reforzaría la legitimidad del régimen. Hoy ocurre lo contrario: cualquier patrimonio, tecnología u organización social que pueda escapar al control partidario es considerada un riesgo potencial.

Esta lógica explica las aparentes contradicciones de Beijing. El Gobierno aprueba una ley de promoción de la economía privada y convoca a destacados empresarios, pero al mismo tiempo exige que las compañías se sometan a las organizaciones del Partido, a la estrategia industrial y a criterios de seguridad nacional.

El Partido no pretende eliminar a la empresa privada. Necesita que esta produzca riqueza, empleo y tecnología, pero no está dispuesto a permitir que se convierta en una fuerza autónoma. En ese contexto, ideas como la “economía del pueblo” y el “tablero nacional único” ofrecen una justificación conveniente: el mercado puede seguir existiendo, pero el Estado se reserva la última palabra sobre la asignación de recursos, las prioridades industriales y la salida de capitales y personas.

Una apertura en un solo sentido

China todavía necesita energía, alimentos, minerales, mercados externos y ciertas tecnologías avanzadas. Además, debe encontrar compradores para su enorme capacidad industrial. Un cierre completo, por tanto, no serviría a sus intereses. El escenario más probable es una apertura en un solo sentido: los productos, empresas, capitales e influencia política de China pueden salir al mundo, mientras el dinero, los datos, la tecnología y el talento chinos solo pueden hacerlo cuando coinciden con las necesidades del Estado.

Se trata de una economía dirigida propia de la era digital. No requiere reinstaurar las cartillas de racionamiento ni nacionalizar todas las compañías. Basta con controlar bancos, impuestos, datos, energía, logística y pasaportes para dominar los principales nudos del sistema económico. El mercado conserva su fachada, pero la decisión final queda en manos del poder político.

La contracción interna se convertirá en un problema mundial

Este giro perjudicará, en primer lugar, a la propia China. El Gobierno puede impedir que el dinero salga, pero no puede ordenar que vuelva la confianza; puede retener a científicos e ingenieros, pero no obligarlos a innovar. Cuando los derechos de propiedad y la libertad de movimiento dejan de ser previsibles, las empresas extranjeras reducen sus inversiones, diversifican sus cadenas productivas y aplican una prima de riesgo más alta a cualquier operación en China.

Las consecuencias, sin embargo, no quedarán dentro de sus fronteras. En el plano económico, Beijing podría descargar una proporción creciente de su sobreproducción en los mercados internacionales, intensificando la competencia de precios, el debilitamiento de industrias locales y las guerras arancelarias. En el ámbito político, los países dependientes del mercado, el crédito o la infraestructura china tendrán mayores dificultades para preservar su autonomía en materias como derechos humanos, Taiwán y seguridad. En el terreno diplomático, cada gobierno deberá evaluar si un acuerdo con China puede quedar repentinamente subordinado a una disputa geopolítica o a una interpretación expansiva de la seguridad nacional.

También habrá repercusiones sociales: exportación de tecnologías de vigilancia, presión sobre las comunidades chinas en el extranjero y aumento del rechazo hacia China en países donde la competencia industrial provoque desempleo o cierre de empresas. América Latina, Asia y África pueden beneficiarse a corto plazo de productos baratos, créditos e infraestructura, pero corren el riesgo de pagar después mediante una mayor dependencia financiera, menor espacio diplomático y debilitamiento de sus industrias nacionales.

La puerta china todavía no está cerrada, pero Beijing decide cada vez con mayor rigor quiénes, qué capitales y qué ideas pueden atravesarla. Cuando la segunda economía mundial deja de privilegiar el crecimiento y comienza a organizarse en torno a la prevención de amenazas, su inseguridad interna inevitablemente se proyecta hacia afuera, alterando el comercio, las alianzas diplomáticas, las decisiones políticas y la convivencia social.

El verdadero peligro no es que China se aísle repentinamente del mundo. Es que continúe aprovechando la globalización mientras rechaza, de manera gradual, todos los límites que esa misma globalización impone al poder del Partido.

Andrés Liang

Analista en política internacional y relaciones Asia-Latinoamérica