Una nueva controversia internacional se desató tras la interceptación en el Mediterráneo de la flotilla humanitaria Global Sumud por parte de fuerzas israelíes, operativo que dejó cerca de 175 activistas detenidos, entre ellos la chilena Macarena Chahuán.
La ciudadana chilena, profesora de árabe y periodista, viajaba en una de las embarcaciones de la misión, cuyo objetivo era llevar ayuda a la Franja de Gaza. Tras el operativo, su paradero fue incierto durante varias horas, generando preocupación entre cercanos y autoridades.
El grupo había zarpado desde distintos puntos de Europa y fue interceptado en aguas internacionales cercanas a Grecia, a más de mil kilómetros de Gaza. La organización detrás de la iniciativa calificó el procedimiento como ilegal, acusando a Israel de actuar fuera de su jurisdicción y de “secuestrar civiles en mar abierto”.
Desde el gobierno israelí, en tanto, defendieron la acción. El embajador en Chile, Peleg Lewi, aseguró que la operación se ajusta a derecho y cuestionó el carácter humanitario de la flotilla, señalando que la ayuda a Gaza ingresa por canales formales.
El caso reactivó el debate sobre los límites del derecho internacional en contextos de seguridad. Expertos sostienen que este tipo de acciones responde a una lógica preventiva por parte de Israel, aunque su validez jurídica sigue siendo discutida.
A nivel local, la Cancillería chilena inició gestiones para ubicar a los ciudadanos involucrados y brindar asistencia consular. En paralelo, organizaciones como la Comunidad Palestina de Chile pidieron una respuesta firme del Estado para resguardar la integridad de los detenidos.
El incidente se suma a otros episodios similares registrados en la última década, donde flotillas con fines humanitarios han sido interceptadas, en un escenario marcado por la tensión permanente en torno al conflicto en Gaza. (NP-ChatGPT-La Tercera)