José Antonio Kast presentó a su gabinete de 24 ministros. Dejando de lado las críticas cantinfleras, la objeción a su primera línea por su carácter “tecnocrático” y falta de “tonelaje político” ha sido una de las más comunes. Que una gran mayoría fuesen independientes y pocos tuvieran una familia política que los cuidara se ha visto como una debilidad. Sin embargo, el carácter tecnócrata en un “gobierno de emergencia” puede tener otra explicación.

Quienes siguen de cerca el trabajo en el Congreso son testigos del mix entre creatividad humana y obsesión regulatoria. Basta revisar la cantidad de proyectos de ley presentados por cada parlamentario y comparar entre los presentados y los aprobados. La cantidad de proyectos de ley es inversamente proporcional a su calidad. Leyes buenas buenas buenas no son muchas. El Congreso se juega su reputación anual en un puñado de proyectos de ley. Lamentablemente, se privilegian iniciativas cortas, populistas e innecesarias, mientras que las realmente importantes y “fomes”, como la reforma procesal civil, siguen juntando polvo. El problema para la resolución de las urgencias sociales de Chile no va por la ausencia de legislación. Por supuesto que se necesitan leyes, pero hacer depender la conformación de un gabinete presidencial para el amarre de votos parlamentarios es erróneo.

Tenemos leyes. No todas las leyes se cumplen, ni se ejercen las atribuciones que entregan ni se fiscaliza su cumplimiento. El caso Dorothy es el mejor ejemplo. Sin ninguna nueva ley y ocupando las atribuciones que entrega la legislación vigente pudo, efectivamente, controlar. Pudo fiscalizar. Y cuando la fiscalización arrojaba alertas, se comunicaban los resultados y se exigía, al órgano fiscalizado, que cumpliera la ley, corrigiera y sancionara. Probablemente con la nueva presidenta de la Corte Suprema ocurra lo mismo. Hasta que no se promulgue la ley que resuelva la modalidad del nombramiento judicial y redistribución de funciones, Chevesich podrá lograr resultados aplicando la legislación vigente. La eficacia de la ley pareciera depender de la voluntad de la autoridad encargada de aplicarla y hacerla cumplir, y eso evidentemente es un problema.

Pudiera ser que a esto se refería el Presidente electo, en agosto pasado: «hoy llega una nueva contralora y hace el trabajo. Yo le diría al Gobierno hagan la pega, hagan el trabajo, hoy las leyes están». En un seminario profundizó esta mirada: «Nosotros estamos haciendo la revisión de todas las potestades administrativas que tiene el Estado, de todas las leyes que tienen sanciones incluidas que nadie aplica. Por eso cuando hablaba del tema de la facilitación regulatoria, y les lleva a la pasada el concepto de las guías ambientales, la guía ambiental no es ley». La doctrina socialcristiana y el gremialismo de Jaime Guzmán resuenan absoluta claridad: el Estado (y por ende, todo funcionario público) está al servicio de la persona, que autoridad se ejerce (no se “habita”), la ley tiene una función pedagógica y su incumplimiento debe sancionarse. Aplicar la ley, bajo la potestad reglamentaria que la Constitución entrega al Poder Ejecutivo, es lo que hará el nuevo Presidente. Sus promesas de realizar una auditoría general al Estado, el plan va en la misma línea.

El diagnóstico, evidente para todos, es que Chile requiere, con urgencia, orden y restablecimiento de la autoridad. La anomia ya es contagiosa. El nuevo Presidente, con la sencillez que lo caracteriza (despreciada por un columnista que necesita viadil), sabe que es necesario ordenar la casa.

Otro problema de muchas leyes es que su concreción va más allá de lo que ella misma permite e incluso puede contradecirla. Si con la ley se intentó doblarle la mano a la Constitución, con los reglamentos y decretos pasa lo mismo. Van mucho más allá de lo que la propia ley señala. Por tanto, aplicar la ley es cumplirla prudentemente. Ni más ni menos. Porque hemos caído en los dos extremos: o la ley no se aplica o se aplica según la interpretación del funcionario de turno (sin importar su jerarquía). Se ha normalizado que en la ejecución administrativa de las leyes se incurra en actuaciones que no tienen una fuente legal, se inventen excepciones a partir de principios del soft law, se retuerzan interpretaciones para hacer que la ley diga lo que no dice o se dicten reglamentos que van más allá de lo regulado por la ley. La desprolijidad, la ausencia de sanciones y el despilfarro de los recursos públicos (en las cuestiones más insólitas) es la consecuencia natural de una mentalidad que desdeña a la ley, y en el fondo, el orden. Una mentalidad frívola que desprecia a los que más ayuda necesitan.

En este sentido, el trabajo de las futuras divisiones jurídicas será titánico, pero realmente muy necesario. Hay voluntad de cambio. De revisar y separar la paja del trigo. Por eso, el carácter tecnócrata del gabinete presidencial apunta en la dirección correcta. Suponemos que los ministros deberán priorizar el trabajo de ordenar, auditar, corregir y limpiar sus “piezas”, antes que pasar tres de los cinco días de la semana en el Congreso. Que sean de confianza del Presidente electo responde a que comparten esta mirada de austeridad, eficiencia y respeto a la ley y a la Constitución, y de entender que son servidores públicos. Es probable que la cantidad de proyectos de ley que se envíe al Congreso sea la justa y necesaria, probablemente sobria y sin rellenos monumentales de principios, reconocimientos y creación de más órganos estatales.

Es lo que Chile lleva pidiendo hace años. (El Líbero)

Roberto Astaburuaga