No producimos plátanos, pero caminamos a paso firme a convertirnos en lo que el escritor Henry Porter denominó «república bananera», hablando de países atravesados por la corrupción y la degradación institucional. Aumentan nuestras certezas de que en el caso Caval no hubo simplemente una transacción entre privados, sino una operación inmobiliaria que permitió convertir a Sebastián Dávalos Bachelet, de la noche a la mañana, en millonario, no por sus méritos, sino mediante el tráfico de influencias y uso de información privilegiada, dañando de paso la credibilidad de su madre: la Presidenta.
La gravedad de los hechos no ha tenido una respuesta proporcional de parte del Gobierno ni de la Nueva Mayoría (NM). El saneamiento debe estar a la altura del daño causado. No veíamos estas prácticas desde los tiempos de la dictadura, con el caso de la entrega de los «Pinocheques» por US$ 3 millones, que el propio Pinochet pagó a su hijo con dinero del Ejército. Nunca, desde recuperada la democracia, la familia directa de un Presidente había estado involucrada en hechos manifiestamente reñidos con el correcto actuar republicano. Por ello, la renuncia de Dávalos a su cargo en La Moneda era lo mínimo esperable. Ante una clara mayoría ciudadana convencida de que el hijo de la Presidenta utilizó información e influencias políticas para obtener favores y un tratamiento preferencial, y de que su madre sabía con anterioridad de los negocios de su hijo (Cadem), simplemente, no quedaba otra alternativa.
Se debe evitar que «todo sea olvidado y nada sea reparado», como señalaba Kundera en su novela La Broma. Por ello, la reacción debió ser radical. Era necesario expulsar de inmediato al seremi de Vivienda de O’Higgins involucrado en el caso, y la operación inmobiliaria debió ser revertida, o la utilidad obtenida por Dávalos, íntegramente donada a, por ejemplo, alguna de las instituciones de la Dirección Sociocultural. Nada de eso ocurrió. La Presidenta no se disculpó, siendo ella la que nombró a su hijo y que su programa de gobierno -al cual se debe apego irrestricto- promovía la igualdad y el fin a los privilegios.
La UDI tampoco ha estado a la altura de los estándares republicanos que hoy demanda la sociedad chilena. A pesar de los antecedentes y las confesiones, ninguno de sus parlamentarios vinculados al caso Penta ha sido expulsado del partido. La dirigencia gremialista se ha limitado a señalar que esperarán los fallos de la justicia para tomar determinaciones, y cantan victoria porque han logrado el ansiado empate con el oficialismo en este concurso de vínculos corruptos e incestuosos entre dinero y política.
A su vez, y salvo honrosas excepciones, los líderes políticos de todos los sectores han callado o han salido a defender a los involucrados de su propio sector, intentando sacar ventajas de corto plazo, pero olvidando que lo que aquí está en juego es la credibilidad de nuestra democracia y la vía libre para la instalación de proyectos populistas. Argentina y Venezuela dan fe de cómo el populismo llega al poder en países en que progresivamente se han erosionando sus instituciones y cuya reconstrucción institucional es imposible.
Por ello, el proyecto anunciado por la Presidenta para regular la relación entre lo público y lo privado no es la solución. La cirugía debe ser sin anestesia y ahora. Deben elevarse significativamente nuestros estándares republicanos. Primero, exigir a funcionarios públicos y parlamentarios declaraciones de intereses sin omisiones, con sanciones ejemplares en caso de no cumplimiento. Segundo, fiscalización exhaustiva y suspensión inmediata de todo vínculo entre negocios y política que pueda provocar abusos y delitos como los conocidos. Tercero, expulsión, despido, suspensión temporal o querella criminal, según la gravedad de los antecedentes, para funcionarios públicos o parlamentarios involucrados en estas situaciones, aun antes de existir una sentencia judicial. Por último, fortalecimiento de la Alta Dirección Pública, terminando con los nombramientos «a dedo» bajo la chapa de «Provisionales y Transitorios» y atrayendo mediante concursos a profesionales técnica y moralmente competentes. «Gente decente, que no roben, (…) que no mientan», como tuiteó recién Mario Vargas Llosa.
De no modificar drásticamente el curso de las cosas, prosperarán los populismos de derecha e izquierda. Ellos orientan su discurso y decisiones según las encuestas para luego, una vez alcanzado el gobierno, manipular las instituciones a su antojo de manera de mantenerse en el poder convirtiéndonos en un país bananero. Y, ahí sí, adiós a nuestros sueños republicanos. (El Mercurio)
