Las declaraciones de un alto mando de la Fuerza Aérea argentina sobre el Estrecho de Magallanes reactivaron la discusión en Chile respecto de la necesidad de fortalecer la presencia del Estado en una zona considerada estratégica tanto por su ubicación geográfica como por su importancia económica, marítima y antártica.

La controversia surgió luego de que el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea de Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, se refiriera en un podcast a Magallanes, el sur y el Paso Drake al hablar de soberanía y de la importancia de mantener presencia en el área. En su intervención calificó la zona como una llave bioceánica entre los océanos Atlántico y Pacífico.

Los dichos generaron inquietud en Chile y llevaron a la Cancillería a reiterar que la soberanía nacional sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes es indiscutible y se encuentra sustentada en los tratados suscritos por ambos países en 1881 y 1984.

El episodio se produjo apenas cuatro meses después de otra controversia protagonizada por una autoridad militar argentina. En enero, el jefe del Servicio de Hidrografía Naval de ese país, contraalmirante Hernán Montero, había señalado que el estrecho se encuentra en espacios marítimos chilenos, aunque atribuyó a Argentina la boca oriental comprendida hacia el este desde el sector de Cabo Vírgenes y Punta Dúngenes.

Ante ambos episodios, el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno ha enfatizado la vigencia de los acuerdos internacionales que delimitan los territorios de los dos países y establecen la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes.

El Gobierno argentino, por su parte, reafirmó oficialmente la validez de esos instrumentos. A través de un comunicado, su Cancillería sostuvo que la posición de Argentina respecto del estrecho corresponde a lo establecido en el Tratado de Límites de 1881 y en el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Asimismo, indicó que ambos acuerdos se encuentran plenamente vigentes y son considerados definitivos por ese país.

Pese a esa aclaración y a que el Gobierno chileno dio por superada la controversia diplomática, distintas autoridades manifestaron preocupación por la reiteración de declaraciones de integrantes de las Fuerzas Armadas argentinas relacionadas con la soberanía en la zona austral.

El ministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, señaló que resulta llamativo que este tipo de afirmaciones aparezca periódicamente. Si bien destacó la respuesta de la Cancillería argentina y la ratificación de los tratados vigentes, sostuvo que corresponde al vecino país ordenar sus declaraciones internas para evitar cuestionamientos que puedan afectar la relación bilateral.

Una posición más crítica expresó el senador Iván Moreira (UDI), integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, quien planteó que los episodios no deberían considerarse hechos aislados. A su juicio, la reiteración de declaraciones provenientes de autoridades argentinas obliga a Chile a defender con claridad los límites establecidos en los acuerdos internacionales.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, también cuestionó los dichos provenientes de autoridades militares argentinas y llamó al Estado chileno a no minimizar estos episodios. La autoridad comunal sostuvo que la situación exige reforzar una posición activa en defensa de los intereses nacionales en Magallanes y en la proyección hacia la Antártica.

La controversia abrió además una discusión más amplia sobre la forma en que Chile ejerce soberanía en sus zonas extremas. Moreira planteó que el país requiere una política de Estado permanente para esos territorios, con medidas concretas que vayan más allá de las declaraciones frente a episodios diplomáticos.

El analista político de la Universidad Autónoma Eric Latorre sostuvo que Chile debe fortalecer su posición en Magallanes y aprovechar el estrecho como plataforma para su proyección antártica. En ese contexto, consideró necesario mantener una respuesta diplomática firme frente a cualquier cuestionamiento y reforzar simultáneamente las dimensiones política, militar y jurídica de la presencia chilena.

Carlos Alsua, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, señaló que el ejercicio de la soberanía depende fundamentalmente de una presencia efectiva y permanente del Estado y de la sociedad en el territorio. Entre las prioridades mencionó mejorar la conectividad y la infraestructura, atraer inversiones y habitantes, desarrollar capacidades científicas y tecnológicas y ampliar las condiciones marítimas y logísticas de la región.

Según el académico, una Magallanes económica y socialmente integrada con el resto del país constituye por sí misma una expresión concreta de soberanía. En esa línea, planteó que Chile debería privilegiar una estrategia de largo plazo basada en inversión, desarrollo económico, ciencia, infraestructura y conectividad, además de potenciar el papel del estrecho como puerta de acceso hacia la Antártica.

El director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Autónoma, Aldo Casinelli, identificó tres áreas prioritarias para consolidar la presencia chilena. La primera consiste en potenciar el uso del Estrecho de Magallanes tanto para los intereses nacionales como para el tránsito marítimo internacional. La segunda apunta al fortalecimiento de las actividades científicas en una región con amplias posibilidades de investigación.

El tercer ámbito señalado por Casinelli corresponde a la proyección antártica. El especialista planteó la necesidad de fortalecer la presencia chilena en el continente blanco y desarrollar el territorio periantártico como plataforma de apoyo, investigación y conexión. Bajo esa perspectiva, el Estrecho de Magallanes adquiere un papel central como corredor marítimo y punto de articulación logística.

El analista político de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Guillermo Holzmann agregó que el ejercicio de soberanía también está relacionado con la capacidad de supervisar el tránsito de embarcaciones, proporcionar apoyo logístico y garantizar condiciones de seguridad en la zona.

Holzmann sostuvo que esas capacidades deberían proyectarse hacia la península antártica mediante una infraestructura logística y científica más robusta. Esto permitiría ampliar la investigación de los recursos y características del continente, además de contribuir a que las actividades y el acceso a la Antártica se desarrollen conforme a las normas internacionales.

De esta forma, el nuevo episodio diplomático volvió a instalar un debate que trasciende las declaraciones de autoridades argentinas. Especialistas y representantes políticos coinciden en que, junto con hacer valer los tratados internacionales, Chile enfrenta el desafío de consolidar su presencia en Magallanes mediante infraestructura, ciencia, conectividad, actividad económica y capacidades marítimas que fortalezcan su posición estratégica y su proyección hacia la Antártica. (NP-ChatGPT-Emol)