Durante los últimos años se ha instalado una percepción persistente de frustración ciudadana. No porque las instituciones democráticas hayan desaparecido, sino porque el Estado parece avanzar con una lentitud incompatible con las urgencias sociales. La seguridad continúa siendo la principal preocupación de las familias; las listas de espera en salud aumentan; la ejecución de proyectos de infraestructura demora años; la permisología retrasa inversiones estratégicas, mientras los municipios enfrentan crecientes responsabilidades con capacidades muy desiguales.

El problema no es únicamente político, es institucional. Por ello, quizás ha llegado el momento de que Chile inicie una segunda transición. No una transición hacia una nueva democracia, sino una transición desde la estabilidad democrática hacia la capacidad institucional.

La legitimidad de los Estados modernos ya no depende exclusivamente de cómo se eligen sus autoridades. También depende de su capacidad para transformar decisiones en resultados. La ciudadanía sigue valorando las elecciones libres, el pluralismo y el respeto por los derechos fundamentales, pero, además espera que el Estado sea capaz de resolver problemas concretos, coordinar instituciones y ejecutar políticas públicas de manera oportuna.

Durante años el debate público estuvo dominado por una pregunta ideológica en torno a ¿queremos un Estado más grande o más pequeño? Hoy esa discusión resulta insuficiente, e incluso desvía la atención de lo que realmente está en juego. La pregunta verdaderamente relevante no es de tamaño, sino de calidad institucional ¿queremos un Estado capaz, eficiente y que cumpla con el rol que la sociedad le asigna, independientemente de cuánto ocupe en el presupuesto?

Esta distinción no es un matiz técnico. Un Estado de mejor calidad, más allá de su tamaño, es una condición básica para el fortalecimiento de la democracia como sistema político. Cuando las instituciones no responden a las demandas ciudadanas con la oportunidad y eficacia esperadas, no solo se acumula frustración, se erosiona la confianza en que la democracia, como forma de gobierno, sea capaz de resolver los problemas de la vida cotidiana. Por eso la calidad del Estado no compite con la legitimidad democrática, sino que la sostiene.

La capacidad institucional no se construye mediante discursos. Requiere profesionalizar el servicio público, fortalecer la coordinación entre organismos, mejorar la gestión de proyectos, evaluar sistemáticamente las políticas públicas y desarrollar capacidades permanentes en los distintos niveles del Estado. Exige, además, reducir las brechas territoriales que hacen que la calidad de la acción pública dependa, muchas veces, del lugar donde viven las personas.

Lo anterior implica, en concreto, mejorar la institucionalidad del país dotándolo de una gobernanza más robusta, mecanismos claros de coordinación entre poderes del Estado y niveles de gobierno, reglas de rendición de cuentas que efectivamente se cumplan, y una capacidad de ejecución que no dependa de la voluntad individual de cada autoridad de turno, sino de procesos institucionalizados que perduren más allá de los ciclos políticos.

La descentralización constituye un buen ejemplo. Transferir competencias es necesario, pero insuficiente. Sin capacidades técnicas, recursos adecuados, equipos profesionales y una gobernanza que articule al nivel central con las regiones, la descentralización corre el riesgo de trasladar problemas desde el nivel central hacia las regiones, en lugar de resolverlos.

Algo similar ocurre con la seguridad pública. El desafío no consiste únicamente en aumentar sanciones o aprobar nuevas leyes. Requiere instituciones que compartan información, coordinen sus decisiones, ejecuten con rapidez y recuperen presencia efectiva en aquellos territorios donde el Estado ha retrocedido.

Chile dispone de instituciones sólidas, servidores públicos de alto nivel y una larga tradición republicana. Sobre esa base es posible construir una nueva etapa de desarrollo institucional. Pero ello exige comprender que la democracia del siglo XXI será evaluada, cada vez más, por su capacidad de entregar respuestas, y no solo por la calidad de sus procedimientos.

La gran tarea de las próximas décadas no será reemplazar nuestras instituciones, sino hacerlas funcionar mejor, con una gobernanza a la altura de una sociedad más exigente. Esa es, probablemente, la transición pendiente, pasar de una democracia legítima a un Estado plenamente capaz de responder a las demandas de una sociedad más exigente, más compleja y consciente de sus derechos.

Porque, en definitiva, la fortaleza de una democracia no se mide únicamente por la estabilidad de sus reglas. También se mide por la capacidad del Estado para convertir esas reglas en bienestar, oportunidades y confianza para sus ciudadanos. Y ese desafío, además de político, es profundamente institucional. (El Líbero)

Aldo Cassinelli