Tras mi paso por la Confederación de la Producción y el Comercio y la Cámara Nacional de Comercio, he podido evidenciar, una y otra vez, la gravedad de la informalidad en sus innumerables aristas y cómo va minando los cimientos de nuestra economía y de nuestra forma de ser como sociedad.
Lamento que la normalización de la informalidad en todas sus formas, como la venta de productos robados de manera presencial o por redes sociales, la piratería, falsificación y contrabando de innumerables especies, incluso tan sensibles como medicamentos o documentos públicos, no sea abordada con mayor seriedad y profundidad por los tres candidatos presidenciales que marcan más en las encuestas.
Hice el ejercicio de revisar sus respectivos programas de gobierno. Los tres candidatos profundizan en diversas medidas para combatir la informalidad laboral, promoviendo la formalización de las personas y las pequeñas empresas, promoviendo el crecimiento económico para la creación de más empleos, y concordando incluso que la precariedad laboral afecta a trabajadores, sus familias, la recaudación fiscal y la productividad nacional.
En cuanto a la economía informal, las tres candidaturas proponen, en general, fortalecer la fiscalización y control, con énfasis en la seguridad y orden público.
- El candidato Kast tiene un plan para combatir el comercio ilegal.
- La candidata Jara se enfoca más en el crimen organizado y la seguridad general, pero sin medidas específicas sobre comercio ilegal; y
- La candidata Matthei se centra en la coordinación institucional con un enfoque en la formalización del comercio para reducir la ilegalidad.
- Además, Matthei y Kast plantean medidas fuertes para controlar fronteras y el contrabando, vinculados al comercio ilegal.
Sin embargo, ideas como el desalojo de ferias ilegales, decomiso y destrucción de mercaderías ilegales, fiscalización intensiva en fronteras y calles, uso de inteligencia artificial para detectar redes de contrabando, alianzas público-privadas y reformas legales para facultar a inspectores municipales, son iniciativas que ya hemos desarrollado, en mayor o menor grado, en los últimos 20 años y sin éxito.
El fortalecimiento de la fiscalización y control municipal, coordinación con Carabineros para decomisos y desalojos, mejorar infraestructura para el comercio formal y políticas para desalentar competencia desleal del comercio ilegal, son acciones probadas en el pasado con distinta intensidad, mediante esfuerzos público privados, sin lograr el objetivo final que es finalmente erradicar el comercio ilegal.
Todo suena más a una declaración de buenas intenciones. Me queda la sensación de estar viendo una réplica de las innumerables propuestas, que como sector privado hemos impulsado o que se han desarrollado en conjunto con los distintos gobiernos de turno en los últimos años, con mayor o menor éxito, pero sin llegar finalmente a puerto como ya sabemos. Peor aún, la informalidad al parecer está desatada, en todos sus ámbitos, sin atajo alguno por parte de las autoridades.
Nada de lo propuesto es viable, si seguimos normalizando o fomentando la compra de productos o servicios ilegales, con el equivocado argumento que comprar ilegal muchas veces es propio de la “pillería chilena”.
Es innegable que en los últimos años, la economía informal en Chile ha aumentado, generando un impacto negativo en la estabilidad económica del país. El crecimiento de la falsificación y el contrabando es impulsado por la demanda de productos más baratos y de marcas reconocidas a precios muy bajos, lo que fortalece un mercado ilícito, vinculado a redes de delincuencia organizada transnacional, las mismas que vemos también liderando redes de narcotráfico u otros delitos de connotación social.
Todo esto no solo genera empleos informales, afecta la recaudación fiscal, desalienta la inversión y la innovación, y reduce los márgenes de beneficio de las empresas legítimas. Además, la venta de productos falsificados puede poner en riesgo la salud y seguridad de los consumidores, especialmente en los sectores farmacéuticos y alimentarios.
Ciertamente este flagelo incentiva trabajos informales para miles de chilenos y extranjeros, que no tienen ningún tipo de seguridad previsional ni de salud. Por lo tanto, la economía informal no sólo afecta fuertemente a nuestra economía, la recaudación fiscal, la seguridad de los consumidores y la productividad industrial, sino que también recluta a trabajadores sin ningún tipo de protección.
Quizás en Chile creemos que este problema no está tan extendido como en otros países de la región, porque hoy tenemos una tasa de informalidad laboral cercana al 26%, la cual es relativamente baja en comparación con la mayoría de países latinoamericanos que superan el 40%. Pero, tal como dice algunas voces expertas, superando el 20% de informalidad, no hay vuelta atrás.
Invito entonces a quienes buscan liderar nuestro país en los próximos años a tener una visión más integral, a mirar este problemática a 3 mil metros de altura, y trabajar en políticas de Estado que no solo ataquen una arista del problema como es el empleo informal.
Es clave atacar de raíz, definir el cómo se abordará esta problemática de manera sistemática, ya que si no lo trabajamos en serio, nos estamos arriesgando a convertir a Chile en una economía informal, con las devastadoras consecuencias que esto conlleva para todos los chilenos, mucho más allá de lo económico, y que hasta hoy pareciera que no dimensionamos. (Ex Ante)
Ricardo Mewes
