Gobernar el país exige mucho más que discursos.
El último cambio de gabinete realizado por el Presidente de la República estuvo marcado por la renuncia del exministro de Hacienda, Mario Marcel, y por la salida del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. Marcel, si bien fue una figura clave en la reforma de pensiones y en dar algún equilibrio al gobierno, tuvo graves problemas para lograr el cumplimiento de las metas fiscales. Golpeó con fuerza a La Moneda su renuncia y aumentó la incertidumbre en un momento ya delicado. La de Valenzuela, en cambio, respondió a una inexplicable venganza política más que a una evaluación de gestión. La fragilidad interna del gobierno es innegable. La sensación de ocaso del actual gobierno contrasta con la incertidumbre que presenta la próxima elección presidencial.
En este escenario, no cabe duda de que Chile necesita un presidente/a, un gabinete de excelencia y a los mejores equipos. Profesionales de élite, no cupos políticos ni amigos; con experiencia demostrada en las subsecretarías, superintendencias, la ANI y todos aquellos organismos e instituciones con responsabilidad en los dos temas más acuciantes para los chilenos: seguridad y crimen organizado; crecimiento económico y empleo. Ello supone también enfrentar con seriedad el lavado de dinero y la migración irregular, que son hoy las principales puertas de entrada y consolidación del crimen organizado. Es indispensable la experiencia confirmada, la formación profesional, la probidad, y la vocación de servicio público. Esa se demuestra cuando se es capaz de ubicar a Chile primero. Es cuestión de ver la reforma al sistema político: estancada y sin posibilidades de salir pese a ser tan necesaria. Está al vaivén de las indicaciones cambiantes del gobierno y de la dificultad de los políticos para pensar primero en Chile, antes que en el partido o en sus intereses personales.
Se suma a este escenario una campaña con muchas agresiones y fugas de militantes por las listas parlamentarias, como la de Miguel Ángel Calisto, que se fue al Frente Regionalista Verde del oficialismo, lo que muestra irresponsabilidad frente a esta tragedia. Algunos viudos políticos de la ex concertación, que votaron por Carolina Tohá, que observaron con angustia el apoyo de la Democracia Cristiana a la candidata comunista Jara. Se resignan, por razones quizás entendibles, a votar blanco o nulo, absteniéndose en un momento en que Chile necesita definiciones y mayorías. Mientras tanto, Jeannette Jara recorre barrios regalando bolsas con su cara y bailando “la bolsa y el amor”, sumando votos desde la demagogia y para la continuidad del fracaso.
Chile atraviesa un momento muy complejo. La inseguridad condiciona el futuro económico, político y social de Chile. Alcaldes y policías llaman a modernizar Carabineros y combatir el narcotráfico; el sistema penitenciario muestra graves fallas con fugas de reos, y la violencia ya golpea incluso a comunas tranquilas como Curacaví. En conjunto, son señales de un crimen organizado que se expande y desafía al Estado en todos los frentes, debilitando además la confianza que requieren la economía y el empleo para crecer.
Unos días atrás el país despertó con otra alarma: el sicario imputado del “Rey de Meiggs” fue detenido en Colombia tras huir de prisión en Chile gracias a un error judicial. Alberto Carlos Mejía Hernández, de 18 años, estaba formalizado por el asesinato del prestamista informal José Felipe Reyes Ossa, apodado el “Rey del barrio Meiggs”. Fue liberado inexplicablemente por Gendarmería un día después de ser formalizado, cambió su apariencia y logró evadir a la justicia mientras operaba con redes internacionales. Este caso dejó en evidencia que las organizaciones transnacionales ya operan en Chile con plena capacidad logística y conexiones fuera de nuestras fronteras.
Los secuestros y los sicariatos son parte de la escena cotidiana. El crimen organizado en su primera etapa marca territorio, y pelea con otras bandas internacionales para ganar esa guerra. Surgen balaceras, narcofunerales y homicidios. La segunda etapa es la de los secuestros y amenazas a jueces, fiscales y a todo aquel que se atreva a ponerles un límite. Por eso los matan. En este camino avanza, lamentablemente, Chile, y vamos camino a un punto de no retorno.
La escalada de violencia es evidente: primero fueron los portonazos y encerronas. Luego los homicidios y los ataques directos contra quienes deberían protegernos, hasta llegar al secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda. Fue raptado por sujetos disfrazados de detectives y encontrado días después enterrado bajo cemento en Maipú, con evidentes signos de tortura. La Fiscalía vinculó el crimen al Tren de Aragua y a encargos políticos desde Venezuela, lo que demuestra que en Chile ya no se enfrenta solo a la delincuencia común, sino a redes criminales transnacionales con motivaciones e injerencias externas. Frente a esta cadena de hechos, el gobierno ha sido mediocre en materia de seguridad: reaccionó tarde, improvisó políticas y designó autoridades sin experiencia. Mientras los secuestros, sicariatos y amenazas a jueces y fiscales se volvieron parte del paisaje, la respuesta de La Moneda fueron diagnósticos tibios y promesas sin resultados.
En este escenario, el recién creado Ministerio de Seguridad Pública, que debía significar un giro histórico, muestra falencias estructurales: dejó sin control efectivo las dos principales puertas del crimen organizado, la frontera y el dinero. Sus equipos carecen de especialistas y la coordinación territorial sigue siendo débil. La Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), con apenas 125 analistas y tecnología atrasada, continúa siendo un actor irrelevante frente a redes criminales que manejan recursos millonarios y logística internacional.
Ante esta situación de emergencia, la política, por su parte, ofrece un panorama bastante desolador.
La candidata oficialista Jeannette Jara representa la continuidad de un gobierno sin eficacia en esta materia con severas contradicciones. El programa de seguridad propuesto lo vincula a la desigualdad y plantea una estrategia de prevención estructural basada en educación, empleo juvenil y programas de rehabilitación, junto con modernizar y controlar a Carabineros. Pero aquí surge la paradoja: Jara invoca la cohesión social como antídoto, como si barrios, plazas y talleres laborales pudieran contener a organizaciones que hoy se financian con narcotráfico, armas y trata de personas. ¿De verdad bastan estas iniciativas comunitarias para frenar un flagelo que socava al Estado desde dentro y amenaza la propia posibilidad de construir esa cohesión que proclama?
Cuatro candidatos que es de imaginar que tienen buenas intenciones -Johannes Kaiser, Franco Parisi, Marco Enríquez-Ominami y Harold Mayne-Nichols- no cuentan con la experiencia de gobierno, de gestión ejecutiva o un buen equipo profesional capaces de enfrentar una situación de la gravedad como la que atraviesa Chile. ¿Podrían realmente hacerse cargo de un fenómeno de esta magnitud?
Las derechas fragmentadas se arriesgaron a ir a la elección parlamentaria sin lista única, lo que hubiera garantizado mayorías, una mayor gobernabilidad y el ejercicio de diálogo ante la necesidad de acordar en materia de seguridad, disminución de impuestos para impulsar la inversión, el crecimiento y el empleo, entre otras urgencias.
Los candidatos José Antonio Kast y Evelyn Matthei coinciden en que el crimen organizado es el mayor desafío que enfrenta Chile y que debe ser abordado de inmediato, pero mientras comparten varias medidas, sus enfoques muestran matices distintos. Evelyn Matthei lo identifica como el principal problema nacional y propone enfrentarlo con una estrategia de modernización del Estado: inteligencia y tecnología de punta, persecución financiera para cortar los flujos de dinero, cárceles de alta seguridad y, sobre todo, una coordinación interinstitucional estrecha donde Carabineros recupere la confianza y las capacidades necesarias para cumplir su labor. Su visión se sostiene también en una larga trayectoria política: fue diputada, senadora, ministra del Trabajo, candidata presidencial en 2013 y alcaldesa electa en dos períodos consecutivos. José Antonio Kast, lo ubica en el problema más grave que afecta a los chilenos, y, pone el acento en la mano dura y el respaldo irrestricto a las policías: más dotación para Carabineros, uso de las Fuerzas Armadas en fronteras y zonas críticas, endurecimiento de penas, limitación de beneficios procesales y cárceles especiales para los líderes del crimen organizado. Su experiencia política se remonta a haber sido concejal, varios períodos como diputado y a más de una década compitiendo por la presidencia, lo que le ha permitido construir un discurso de orden y autoridad que conecta con parte del electorado. Muchas más campañas electorales que experiencia ejecutiva de gobierno.
Chile está al borde de un punto de no retorno si no se actúa con decisión. O el Estado recupera el control con inteligencia moderna, instituciones firmes y liderazgo político real, o aceptaremos resignados que el crimen organizado gobierne donde la política renunció a hacerlo. Como advirtió Montesquieu, sin seguridad no solo no hay libertad posible, hay mayor inequidad y falta de dignidad.
Chile no puede permitir que gobierne el miedo a una bala o a perder el empleo.
Alguien le preguntará a la candidata Jeannette Jara: si pierde y pasa a ser oposición, ¿se comprometerá a que no vuelva a ocurrir un estallido de violencia como el que sacudió a Chile en el 2019?
Reflexión, unidad y cautela. Es una elección decisiva en la que no se debe menospreciar ni la situación de Chile, ni las capacidades que exige gobernar, ni el adversario que es Jeannette Jara. (El Líbero)
Iris Boeninger
