El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha generado un fuerte impacto en el desarrollo del Caso Convenios, arista Fundación En Ti, al solicitar penas de cárcel que superan con creces las requeridas por la Fiscalía para la principal imputada, Camila Polizzi, y otros coacusados. El organismo querellante busca que Polizzi cumpla una pena total de 28 años de presidio, triplicando la sanción que persigue el Ministerio Público.
La solicitud del CDE, presentada en el marco de la acusación por los 250 millones de pesos defraudados al Gobierno Regional (GORE), ha generado críticas e «indiferencia» en las defensas. Para Camila Polizzi, el CDE pide 28 años por los delitos de estafa y lavado de activos, a lo que añade el cargo de usurpación de identidad, un delito que no había sido imputado por la Fiscalía.
El abogado defensor de Polizzi, Francisco García, calificó la solicitud del CDE como «exagerada», incluso al compararla con la responsabilidad que imputa el Ministerio Público.
La desproporción en las peticiones de pena se repite en otros imputados. Para Eduardo Quezada, acusado de lavado de activos, el CDE solicita 10 años de cárcel, más del doble de los 4 años que pide la Fiscalía. El abogado Andrés Cruz, defensor de Quezada, manifestó confianza en obtener un veredicto absolutorio. De igual forma, el CDE solicita 5 años de cárcel para Matías Godoy, uno más que la Fiscalía, una petición que su defensa también espera que sea desestimada.
La única coincidencia entre el Ministerio Público y el CDE se da en la solicitud de penas para los exfuncionarios del GORE, Simón Acuña y Rodrigo Martínez, para quienes ambos organismos piden 15 años de presidio.
Será el Tribunal Oral de Concepción el encargado de decidir las penas definitivas, luego de que el próximo 13 de octubre se realice la audiencia de preparación del juicio oral. La solicitud del CDE marca una postura más dura contra los imputados, elevando significativamente el riesgo penal que enfrentan los implicados en este mediático caso. (NP-Gemini-Bio Bio)
