El mundo atraviesa una situación de extrema complejidad. Conflictos abiertos entre Estados Unidos, Israel e Irán; la guerra entre Rusia y Ucrania; tensiones entre Afganistán y Pakistán; la disputa estratégica entre Estados Unidos y China. Esta situación tendrá un impacto sistémico en la economía global. En este escenario, Chile no puede actuar con ligereza. Es un país pequeño, abierto y profundamente dependiente del contexto internacional. La cautela no es debilidad: es inteligencia estratégica.

Lamentablemente, el actual gobierno, movido en ocasiones por compromisos ideológicos por sobre los intereses permanentes del país, ha situado al próximo gobierno ante decisiones internacionales particularmente complejas.

En las últimas semanas, diversas noticias han dejado perpleja a la ciudadanía. El episodio del cable de fibra óptica transpacífico lo ilustra con claridad. Chile venía desarrollando desde el gobierno anterior una política de Estado seria y técnicamente fundada: la conexión intercontinental vía Australia, con acceso abierto a múltiples destinos en Asia y participación de diversos actores internacionales. Una infraestructura estratégica pensada para décadas, que reforzaba la neutralidad tecnológica y la autonomía del país. Sin embargo, el actual gobierno abrió en paralelo un proyecto distinto, directo con China y operado por una empresa estatal, alterando una línea previamente definida como política de Estado. Más grave aún, lo hizo sin suficiente claridad pública y generando inquietud en socios estratégicos. El resultado ha sido situar innecesariamente a Chile en medio de la rivalidad entre China y Estados Unidos, dos países esenciales para su desarrollo. Deja flancos abiertos con grandes potencias que comprometen no solo al gobierno entrante, sino al país entero. Y lo más grave, sin previo acuerdo ni siquiera información o conversación previa con el presidente electo José Antonio Kast.

A una semana del cambio de mando, el apuro del Ejecutivo por sacar adelante leyes en pocos días no es buen consejero. El país no se termina con un cambio de gobierno: sigue funcionando, y el Parlamento también. Esa es, precisamente, la forma en que las políticas públicas se transforman en políticas de Estado.

La incertidumbre que genera la actual situación mundial abre interrogantes inevitables sobre cómo impactará a Chile y a su economía. En un escenario internacional volátil, aprobar leyes de alto costo fiscal o compromisos permanentes sin financiamiento claro y viable no parece prudente. El país requiere responsabilidad y realismo. El Parlamento, que seguirá funcionando con plena legitimidad, tiene el deber de evaluar con especial rigor las iniciativas impulsadas en las últimas semanas, evitando decisiones apresuradas que puedan comprometer las finanzas públicas en un contexto externo incierto. La cautela fiscal y legislativa no es inmovilismo: es responsabilidad con el futuro.

Lo que no se hizo antes responde a una priorización errónea de los tiempos y a la falta de un diálogo político de calidad, orientado a acuerdos duraderos y beneficiosos para el país. Ojalá prime ahora la cautela, considerando la compleja situación global y las urgencias internas que Chile debe enfrentar.

Las políticas de Estado son acuerdos de largo plazo, que hacen a la estrategia país y al bienestar futuro de los ciudadanos. Por ello, todo aquello que tenga impacto político, fiscal, social o geopolítico posterior debiera ser conversado con quien asumirá el gobierno en unos días.

Un Estado eficaz cuida sus equilibrios estratégicos. Un gobierno no puede exponerlos mediante decisiones poco transparentes o mal coordinadas.

Chile tiene problemas serios que resolver.

Estos tres larguísimos meses entre la designación de José Antonio Kast como Presidente electo y la entrega del mando por parte del saliente presidente Boric han sido de alta complejidad. Se han tomado decisiones y llevado a cabo acciones que se riñen con la definición de una política de Estado. Complicar al nuevo Presidente es hacérselo a todos los chilenos.

Se suman designaciones de última hora en áreas sensibles, que no solo tensionan el periodo de cambio de gobierno, sino que dejan amarres institucionales difíciles de revertir. El caso del subsecretario de Fuerzas Armadas, el militante comunista Galo Eidelstein, ilustra esa práctica: designaciones en posiciones de influencia en materias de seguridad y defensa que comprometen la conducción futura, limitan la capacidad del nuevo gobierno para conformar equipos de confianza y trasladan a la próxima administración el costo político y administrativo de removerlos o convivir con ellos. A ello se suman decisiones internacionales impulsadas sin consulta, concursos públicos en el exterior activados en las semanas finales y nombramientos en directorios y servicios estratégicos que exceden la mera continuidad administrativa. No responden a la urgencia del país ni al espíritu de una transición ordenada, sino a la lógica de ocupar espacios antes de partir. No es continuidad republicana; es una administración de salida con efectos institucionales de largo alcance.

A ello se agrega un legado que se destaca por una educación tensionada y sin recursos suficientes, una Gendarmería con graves problemas, avance del crimen organizado, arcas fiscales exhaustas, crecimiento del desempleo, aumento de la informalidad laboral y un aparato público expandido sin financiamiento permanente.

Las políticas de Estado son acuerdos de largo plazo entre sociedad y gobierno para asegurar desarrollo sostenible y bienestar. La ética en la política es lo que garantiza que estas decisiones sean imparciales, objetivas y orientadas al bien común. Integrarla no es retórico: es lo único que previene la corrupción y permite equilibrar necesidades sociales diversas sin perjudicar al conjunto.

El Estado está lejos hoy de cumplir con las exigencias de un país del nivel de desarrollo de Chile y con las complejidades de la geopolítica actual. Los focos de corrupción en distintos estamentos, la desaparición de fondos públicos en fundaciones como ProCultura y los llamados “casos Fundaciones”, sumados al tráfico de influencias en los tres poderes del Estado, han producido un deterioro institucional profundo. La consecuencia es evidente: una pérdida continua de confianza ciudadana en la clase política.

El debate político sobre “más o menos Estado” ha sido mal planteado. Durante años se instaló la idea de que el dilema central era expandir o reducir el Estado. La experiencia reciente demuestra que el verdadero problema es otro: Chile necesita un mejor Estado.

Es urgente reevaluar programas públicos para asegurar eficacia y coherencia con las necesidades colectivas. Se requiere un Estado más profesional, más coordinado y consciente de que las políticas de Estado no pueden alterarse por impulsos ideológicos ni decisiones apresuradas de un gobierno transitorio. Los servidores públicos deben ser profesionales con conocimientos técnicos y científicos en sus áreas. La participación privada en políticas públicas debe estar regulada y sustentarse en concursos transparentes, libres de captura ideológica. Tanto el Estatuto Administrativo como el Servicio Civil deben ser impecables y operar como un sistema coherente.

Lo mismo ocurre con los recursos estratégicos. El litio fue presentado con anuncios grandilocuentes como el gran proyecto de desarrollo del siglo, pero su ejecución ha sido lenta y confusa. Entre declaraciones presidenciales, diseños institucionales cambiantes e incertidumbre regulatoria, la política del litio carece aún de claridad y continuidad. Mientras tanto, Chile ha caído al tercer lugar en producción mundial y la industria muestra un evidente rezago frente a competidores más ágiles. Se trata de una oportunidad histórica que exige certezas, acuerdos amplios y conducción técnica impecable. Un Estado burocrático pierde oportunidades incluso cuando dispone de ventajas naturales excepcionales.

La situación penitenciaria ofrece otro ejemplo. Dos reos de alta peligrosidad escaparon por la puerta principal de Gendarmería. El ministro Gajardo señaló que ya ha ocurrido antes y que serán encontrados. Ese no es el punto. El punto es por qué se repite una falla grave de seguridad estatal. Decisiones erráticas y señales contradictorias proyectan una imagen de fragilidad administrativa en un ámbito donde el Estado debe ser especialmente sólido. Cuando la capacidad de ordenar sus propias instituciones se percibe debilitada, la confianza ciudadana también se resiente.

En todos estos casos aparece una misma falla estructural: la confusión entre gobierno y Estado.

El gobierno es transitorio.

El Estado es permanente.

El gobierno puede tener prioridades políticas.

El Estado debe resguardar el interés nacional de largo plazo.

En un mundo tensionado por disputas geopolíticas, guerras en curso, competencia tecnológica y cambios acelerados, la efectividad del Estado se vuelve decisiva. Para un país pequeño y abierto como Chile, la seriedad de su Estado no es un lujo: es una condición de estabilidad y desarrollo.

En este contexto internacional especialmente tensionado, toda señal exterior debe ser cuidadosamente calibrada. Reuniones del Presidente electo con líderes de potencias en conflicto abierto, particularmente cuando Chile ha sido recientemente expuesto a tensiones derivadas del proyecto de cable con China, requieren una evaluación serena de oportunidad y conveniencia. La prudencia estratégica también consiste en saber cuándo, cómo y para qué se concurre a determinadas instancias.

La situación que se le ha generado a Chile por todo lo antedicho exige una mayor cautela por parte del gobierno entrante y una mayor responsabilidad por parte del gobierno saliente. Ojalá esta última semana no aporte nuevas sorpresas ni amarres de ningún tipo y ofrezca, más bien, las explicaciones que resulten pertinentes ante decisiones que comprometen al país más allá de un ciclo político.

La cautela debe estar por encima de la premura.

El deber republicano no admite improvisaciones: exige hacer bien las cosas. Siempre. (El Líbero)

Iris Boeninger