Diputados del Frente Amplio y el Partido Comunista no se alinearon con el Gobierno y ayer rechazaron el artículo clave de la “Ley Nain-Retamal”, donde se establece la legitima defensa privilegiada a las policias.

Entre ellos, la diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini (RD). Votación que generó reacciones en la Cámara Alta.

El senador Juan Luis Castro (PS) cuestionó la postura de la diputada y su argumentación durante una entrevista en Radio Pauta. “Me llama la atención de ella, que un mes atrás, dijo que hizo la llamada telefónica al alto mando a Carabineros para evitar que Carabineros estuviera cuestionado y en la palestra pública, cuando llamó para pedir por un futbolista connotado. Y hoy, aparece encabezando el ataque hacia Carabineros, que poco menos quedan como intocables, blindados de todos tipos de acusación”, expresó el parlamentario socialista.

“A mi me gustaría entender la lógica del cambio de opinión porque no es consistente“, puntualizó.

Asimismo, el senador apuntó a que “hay que intervenir la ley penal juvenil dada la manera que se utiliza a los jóvenes para intervenir en los delitos, son la carne de cañón de las bandas organizadas“.

LOS ARGUMENTOS DE ORSINI

Durante la intervención en la Sala, la diputada del Frente Amplio sostuvo que “es innegable que como país atravesamos una crisis en materia de seguridad que nuestras policías requieren resguardo para cumplir su deber. Estamos de acuerdo, pero este proyecto no aporta ni en mejorar la crisis de seguridad ni en proteger a las policías”.

“Este proyecto establece que ante cualquier acto contra la integridad de las policías, un empujón, una persona que jamás habría cometido delito, tendría que esperar su juicio en prisión preventiva y cualquiera que sea la pena que le corresponda, tendrá que cumplirla en la cárcel. Esto hace que jóvenes, sin antecedentes terminen cumpliendo penas en recintos cerrados con delincuentes que han cometido delitos graves“, continúo Orsini.

En esa línea, dijo que “cuando les decimos a las policías que pueden sacar el arma de fuego sin preocuparse porque no van a ser responsables ni penalmente ni civilmente por los daños, lo que hacemos es aumentar la violencia policial y los delincuentes también van a aumentar la violencia”.

Finalmente, agregó que “si este proyecto hubiese sido ley cuando la senadora Campillai recibió la lacrimógena en el rostro, ella hubiese tenido que probar que no hizo nada para provocar la reacción del policía, porque la ley presume que los policías siempre usan su arma en legitima defensa”.

REFUTAN ARGUMENTOS

El ejemplo del caso Campillai levantado por la diputada Orsini y el FA no concita apoyos en la mayoría de los abogados consultados para esta nota. El penalista Cristián Muga explica a La Tercera PM que “ni este proyecto ni la regulación existente amparan el uso excesivo de la fuerza. Es tiempo de dejar atrás la desconfianza en el actuar de las policías, para dar paso a un trabajo parlamentario que mejore las instituciones policiales y profesionalice sus acciones”.

A juicio del profesional, “lo valioso de este proyecto no está en lo técnico, porque el actuar de Carabineros no requiere una causal de justificación nueva o reforzar alguna existente. El valor de este proyecto está en reforzar legalmente el rol que cumplen las policías en un Estado de derecho”. En ese sentido, explica, con o sin ley Naín-Retamal el resultado en el juicio Campillai habría sido el mismo.

En esa línea, Catherine Lathrop considera que la labor de Carabineros se “criminalizó indiscriminadamente, lo que nos llevó a tener que legislar para equilibrar la balanza”. Por lo mismo considera que este no modifica el proceso de prueba durante un proceso penal, como lo plantearon los diputados del Frente Amplio. “En el aspecto técnico, la carga de la prueba siempre será y así ha sido de quien persigue y busca una condena, por lo que esta ley en nada hace variar la carga de la prueba y, en consecuencia, quien diga lo contrario solo busca confundir a la opinión pública con dichos que no son efectivos y buscan crear falsas apariencias de impunidad”, apuntó.

Gabriel Zaliasnik comparte las críticas a los argumentos de los parlamentarios oficialistas que rechazaron el proyecto, porque a su juicio “los problemas que plantean quienes se opusieron al proyecto son en alguna medida bastante artificiales. Uno podría criticar el proyecto si quisiera en el sentido que pudiera tener alguna redundancia desde el punto de vista de incorporar esta legítima defensa privilegiada cuando podrías en estricto rigor hoy por hoy tener el mismo reconocimiento con las normas actuales, sin embargo, también es cierto que como consecuencia del esfuerzo por deslegitimar el actuar de las policías,(…) el proyecto de ley termina dando un efecto en lo que se propone el país por delante: restablecer de alguna manera un cierto estándar de orden y seguridad en el cual se pueda llevar adelante o conformar un estado de derecho realizado plenamente”.

Para el penalista Felipe Barruel, socio de Barruel & Borzutzky, quienes se abstuvieron o rechazaron “a nuestro modo de ver las cosas, malamente usaron el caso de la senadora Campillai”. Agrega que “es efectivo que existiría una presunción legal. Es decir, que debería ser el Ministerio Público o incluso la víctima quienes deban demostrar que no se cumplen los requisito de la legítima defensa. En el caso de la senadora Campillai, creemos que es una comparación absurda puesto que está demostrado en el juicio y posterior sentencia que ella no estaba participando de ninguna manifestación o marcha que se encuadre o que hubiera permitido a los condenados para repelerla”.

UN PROCESO EN ENTREDICHO

Matías Balmaceda, socio de BCP Abogados, profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad Finis Terrae y ex defensor penal público, explica que con el proceso legal actual “cuando los policías disparaban, ellos debían probar que hubo una agresión ilegítima, que hubo proporcionalidad en el medio empleado y que hubo falta de provocación por parte de ellos. Hoy, con esta nueva técnica legislativa, lo que hace el legislador es presentar una presunción de que estas tres circunstancias ocurren en la especie, de manera que el funcionario policial queda amparado”.

Por lo mismo, agrega que “si es que las cosas no pasaron así, como que no hubo una agresión ilegítima o proporcionalidad, el Ministerio Público podrá en el futuro imputar al policía, entendiendo que hubo un exceso en la legítima defensa, y adicionalmente está la posibilidad de que pueda discutirse estos tres componentes de la legítima defensa privilegiada. Aunque pueda creerse que habrá una manga ancha a los policías, el Ministerio Público siempre tendrá la posibilidad de controvertir estos tres presupuestos que ha establecido el legislador”.

Opinión distinta tiene el abogado Pelayo Vial, quien apoya lo señalado por la diputada Orsini, ya que a su juicio “la legítima defensa ya está en la legislación, y para que exista debe haber una agresión previa, pero podría ser excesivo, entonces comparto estas aprensiones de los parlamentarios. Este proyecto podría generar situaciones muy complejas”.

Para el académico de la UDP, Cristián Riego, “la presunción de inocencia dice que siempre corresponde la carga de la prueba al acusador, en consecuencia, este tipo de privilegios probatorios quedan totalmente fuera de lugar. Entonces lo que dice la diputada en este caso, bueno sí, es así, si yo acuso a un carabinero de haberme herido y el carabinero dice que lo hizo en legítima defensa, el que tiene la carga de la prueba no es la víctima, sino el fiscal”.

Votación de la Ley Nain-Retamal
Votación de la ley Nain-Retamal.
CRÍTICAS AL PROYECTO

Esta mañana, en Radio Infinita, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, sostuvo que el actual proyecto “adolece de un gran defecto, y es que dispone de la ‘legítima defensa privilegiada’ en el Código Penal y eso tiene varios problemas”.

Para la abogada penalista Paula Vial, aún existen elementos que no están insertos en la discusión. Esto, porque a su juicio “algunas de las cuestiones que han aparecido, por ejemplo, que se les reconozcan o no la calidad de imputado creo que también hay un error de base gravísimo porque la calidad de imputado, aunque uno no quiera estar, también te da derechos y garantías. Y si un carabinero fuera imputado respecto de la eventual comisión de un delito, aun cuando señalara que actuó en legítima defensa, restarle la calidad de imputado sólo lo puede perjudicar porque ya no tendría los derechos asociados”.

Por su parte el académico de la UDP, Mauricio Duce, cuestiona el aumento de la pena que este tipo de legislaciones puede plantear. El abogado afirma que “el aumento de pena para los delitos que se cometen contra Carabineros es una medida que no va a producir ningún efecto, porque la verdad es que los aumentos a delitos que ya tienen penas que son muy altas en verdad son marginales, y no va a cambiar nada, pero sí tienen el riesgo de exacerbar tanto la pena que pongan contra la espada y la pared a los jueces en casos que no sean tan graves pero que en la práctica tengan una pena mucho más grave de lo que es razonable”. (Emol-La Tercera