Cinco ministros, a juicio de la abogada de ex presos políticos Angélica González, deberían haberse inhabilitado de revisar en la Corte Suprema la petición de desafuero del diputado UDI Ignacio Urrutia. Así lo señala un escrito presentado por la profesional y que fue analizado en el pleno del máximo tribunal el viernes pasado, instancia que dio traslado a la defensa del parlamentario representada por Juan Carlos Manríquez.
El 20 de julio pasado la Corte Suprema, por 10 votos a 1, revirtió el desafuero que había concedido la Corte de Apelaciones de Valparaíso que dio curso a que la agrupación de ex presos políticos pudiera seguir adelante con una querella contra el diputado UDI por delitos de injurias calumniosas. En espera de la redacción de la sentencia, es que la abogada González pidió declarar nulo el fallo del máximo tribunal por supuestamente contener vicios luego que cinco jueces no se hayan inhabilitado de opinar en el caso.
En el documento, al que accedió La Tercera PM, la abogada hace alusión a que a propósito de la acusación constitucional que algunos parlamentarios de izquierda levantaron contra tres supremos, logró recabar información que permitiría declarar nulo el rechazo al desafuero de Urrutia. ” En atención a los antecedentes que paso a exponer, que dicen especial relación, con que en atención a los antecedentes conocidos a consecuencia de los fallos que otorgan libertad condicional a condenados por delitos de lesa humanidad, la semana recién pasada, esta abogada recabo antecedentes de distintos excelentísimos ministros de Corte Suprema, tomando conocimiento de los siguientes antecedentes”, dice el escrito.
El pleno el viernes dio traslado a la defensa, que de seguro sostendrá que no existen causales de inhabilidad y solicitará que el fallo quede firme.
ARGUMENTOS
En primer lugar pide inhabilitar a la ministra Gloria Ana Chevesich, debido a que -según la abogada- no podría pronunciarse ya que un familiar suyo (ministra de la Corte porteña) ya lo había hecho. ” Chevesich declaróo sus vínculos de familiaridad con la fiscal de la Corte de Apelaciones de Valparaíso doña Rosa Aguirre Carvajal, actualmente ministra presidenta de dicha Corte de Apelaciones. Al respecto cabe señalar que Aguirre Carvajal, presidio el tribunal pleno de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, concurriendo con su voto en contra el desafuero del Diputado Ignacio Urrutia Bonilla, por lo cual estimamos que concurre la causal de recusación establecida en el Numeral 3° del Código Orgánico de Tribunales”.
También se solicita anular el fallo debido a que participó en el la suprema Rosa María Maggi. “En febrero del año 2011, en diversos medios de comunicación se hizo pública la noticia que el general Alejandro Maggi Ducommun, habría sido agente de la Central Nacional de Investigaciones (CNI), es del caso que el señalado general es hermano de la ministra Maggi, en consecuencia habiendo sido los querellantes objeto de terribles torturas por agentes del Estado, entre ellos agentes de la CNI y la DINA, entre otros, estimamos que siendo la ministra Maggi hermana de un general que ha sido sindicado como ex agente de la CNI, resulta evidente su interés personal en esta causa, motivo por el cual estimamos se encuentra comprendida en la causal 1° del artículo 195, esto es “interés personal”, debiendo haberlo hecho constar en el proceso, declarándose inhabilitada para conocer de estos autos”, sostiene el documento.
También se cuestiona el que la ministra Rosa Egnem no se haya inhabilitado. Al respecto, sostiene el documento que “nos enteramos que se vio involucrada en una causa conocida como “Masacre de Laja”, ocasión en que fue recibido un parte policial sobre hallazgo de 18 cuerpos de personas ejecutadas en forma posterior al golpe militar, ocasión en que la juez Mera ordeno a quien fue juez subrogante de la época Rosa Egnem, guardar la denuncia en la caja fuerte, sin haber sido investigado el caso sino hasta el año 1978, en que es nombrado el ministro en visita José Martínez Gaensly, proceso que fue reabierto posteriormente y entregado su conocimiento al ministro en visita por el Ministro de fuero Carlos Aldana, quien el año 2015 cita a declarar a la Excma. Ministra. Nos parece, con el mayor respeto que nos merece su persona, que este antecedente la inhabilita para conocer causas respecto de vulneración de derechos, por lo cual creemos debió inhabilitarse”.
Por último cuestionan que Hugo Dolmestch y Juan Fuentes no se hayan inhabilitado por hacer clases en la Escuela de Carabineros y teniendo en cuenta que el defensor de Urrutia defiende a un ex general de esta institución. “Juan Carlos Manríquez Rosales, abogado del Diputado Ignacio Urrutia, es también abogado del General (r) Julio Pizarro Konga, ex Jefe de Finanzas de Carabineros años 2001 – 2005, quien ha debido a comparecer a declarar en causa conocida como “pacogate”. En virtud de lo anterior estimo que en esta causa ambos ministros debieron haberse inhabilitado de conocer en atención a los mismos fundamentos por los que se inhabilitaron anteriormente”.
A nuestro juicio la petición no se ajusta a la ley ni al procedimiento, le daremos respuesta y esperamos que sea desechada y que el fallo delm pleno que ya fue contundente se mantenga”, dijo el abogado Juan Carlos Manríquez. (La Tercera)
