Antonia Larraín, exdirectora (s) de Dideco de Vitacura y una de las imputadas claves en el caso que investiga el fraude al Fisco durante la administración de Raúl Torrealba, concretó un acuerdo con el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para vender su casa y así cubrir las responsabilidades civiles y penales derivadas de su participación en la trama de corrupción.
Larraín, quien fue la funcionaria que se autodenunció y reveló la operación fraudulenta, firmó una escritura pública con el CDE el pasado 4 de septiembre en la 7ª Notaría de Santiago.
El acuerdo con el CDE busca que Larraín pague una indemnización civil por los montos defraudados al municipio. Según el documento firmado con el procurador de Santiago, Marcelo Chandía, Larraín tiene un plazo de un año para vender su vivienda, ubicada en la calle Hernando de Aguirre en Providencia, para pagar al Fisco.
La escritura detalla que, con los recursos obtenidos de la transacción inmobiliaria (la cual ya tendría un acuerdo de compra y venta por 6.449 UF), Larraín deberá pagar:$70.437.000 a la Municipalidad de Vitacura, la multa a la que sea condenada en la causa penal ($48 millones), el monto adeudado por concepto de indemnización de perjuicios.
El pleno del CDE había accedido a este acuerdo en julio de este año.
JUICIO ABREVIADO
En paralelo al acuerdo civil, el abogado defensor de Larraín, Carlos Balbontín Meneses, pactó un juicio abreviado con la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Aunque la audiencia fijada para el 10 de octubre fue reagendada para el próximo 3 de diciembre, el fiscal jefe Francisco Jacir ya anunció la pena que se le impondría a Larraín: cinco años de libertad vigilada y una multa de $48 millones.
LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR
Para poder llevar a cabo la venta de la casa, la defensa de Larraín solicitó al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago el levantamiento de la prohibición de enajenar que pesaba sobre el inmueble desde el 5 de octubre.
El pasado 11 de noviembre, el CDE comunicó que no se oponía al levantamiento de la medida cautelar, ya que la imputada había caucionado el pago de la eventual indemnización civil y la responsabilidad pecuniaria penal mediante la firma de la escritura pública. Finalmente, el tribunal accedió a la solicitud y certificó el levantamiento de la medida el miércoles 26 de noviembre, permitiendo el avance del proceso civil. (NP-Gemini-La Tercera)