El caso Sartor enfrenta una etapa decisiva tanto en su investigación penal como en la recuperación de los recursos de sus aportantes, luego de que la Fiscalía estimara en cerca de US$191 millones el perjuicio asociado a las operaciones que indaga y cuatro de los imputados quedaran en prisión preventiva.

La crisis comenzó públicamente en noviembre de 2024, cuando la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) suspendió nuevos aportes a fondos administrados por Sartor AGF tras detectar inversiones en créditos de sociedades relacionadas con directores y accionistas de la administradora, además de deficiencias en sus mecanismos de gestión de riesgos.

Ante solicitudes de rescate superiores a $175 mil millones, el regulador suspendió posteriormente los retiros y, en diciembre de ese año, revocó la autorización de existencia de Sartor AGF y designó un liquidador.

La investigación adquirió una dimensión penal en julio de 2026, cuando el Ministerio Público formalizó a 11 socios y ejecutivos vinculados al grupo por distintos delitos. Posteriormente, el tribunal decretó prisión preventiva para Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín, Michael Clark y Sergio Yáñez. Las imputaciones se encuentran en investigación y no constituyen condenas.

Según la tesis de la Fiscalía, fondos públicos administrados por Sartor habrían invertido recursos en fondos privados que posteriormente financiaron sociedades vinculadas directa o indirectamente con socios y ejecutivos del grupo. El Ministerio Público sostiene que estas operaciones habrían privilegiado intereses de empresas relacionadas por sobre los de los aportantes.

Otra línea de investigación apunta a los denominados Contratos de Asociación para Inversiones (CAI), un instrumento no regulado hacia el cual habrían sido trasladados recursos provenientes de fondos sometidos a fiscalización de la CMF. La Fiscalía indaga si parte de ese dinero fue destinado a cubrir déficits y financiar compañías relacionadas.

El caso también alcanza a Azul Azul, concesionaria que administra al club Universidad de Chile. La adquisición del 63,07% de la sociedad en 2021 habría sido financiada parcialmente mediante recursos provenientes de fondos públicos de Sartor a través de sociedades intermedias. El origen de una parte restante del financiamiento continúa siendo objeto de controversia.

La liquidación, en tanto, ha revelado importantes deterioros en la valorización de distintas inversiones. Administradores como Toesca y Lab Capital realizan gestiones para recuperar recursos, entre ellos cerca de US$35 millones destinados a un proyecto inmobiliario en Miami.

El caso involucra tanto a inversionistas individuales como institucionales. Entre estos últimos se encuentra Nueva Masvida, que presentó una querella en la que atribuye a las operaciones investigadas un perjuicio de aproximadamente $8.400 millones.

En paralelo, la Corte Suprema anuló en agosto la resolución con que la CMF había revocado la autorización de Sartor AGF en diciembre de 2024, cuestionando el procedimiento utilizado por el regulador. Las defensas y los querellantes mantienen posiciones diferentes respecto del alcance que esa sentencia podría tener sobre las demás causas relacionadas con el grupo.

Pedro Pablo Larraín ha negado ante la Fiscalía que existiera apropiación de recursos o inversiones ficticias y sostiene que los socios no obtuvieron beneficios personales mediante las operaciones investigadas. Michael Clark también ha rechazado haber actuado con intención de defraudar y su defensa ha cuestionado las imputaciones formuladas en su contra.

Uno de los principales activos pendientes es precisamente la participación en Azul Azul. Después de quedar sin efecto la operación mediante la cual Clark había adquirido el 90% de Tactical Sport, el fondo controlador del 63,07% de la concesionaria volvió a la matriz de Sartor, actualmente en liquidación. Los acreedores iniciaron el proceso para vender esa participación, operación que podría extenderse entre seis meses y un año.

El caso continuará avanzando simultáneamente en varios frentes. La investigación penal tiene un plazo inicial de 120 días desde la fijación de las medidas cautelares, mientras liquidadores y administradores buscan recuperar activos y establecer cuánto dinero podrá finalmente ser restituido a los aportantes. La estimación de US$191 millones corresponde a la tesis de perjuicio de la Fiscalía y deberá ser acreditada durante el proceso judicial. (NP-ChatGPT-La Tercera)