La salida del exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez, luego de conocerse un resultado positivo en un examen de drogas realizado a autoridades de gobierno, abrió una nueva tensión entre La Moneda y la conducción del Partido Republicano, pese a los posteriores intentos del oficialismo por dar por superada la controversia.

El episodio comenzó el 22 de julio, cuando el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, recibió los resultados de los exámenes realizados por Corthorn Health, laboratorio contratado por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda). Entre ellos figuraba un resultado positivo correspondiente a Rodríguez, entonces subsecretario de Hacienda y estrecho colaborador del ministro Jorge Quiroz.

Tras conocer los antecedentes, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, informó al Presidente José Antonio Kast. En La Moneda se evaluaron las consecuencias administrativas y políticas del caso y se resolvió que Rodríguez no podía permanecer en el cargo mientras se aclaraba la situación.

La decisión consideró el instructivo de Contraloría que regula estos procedimientos y establece la posibilidad de que una autoridad rechace un resultado y solicite el análisis de una contramuestra. Sin embargo, según los antecedentes del reportaje, en el Ejecutivo prevaleció el criterio de que mantener al subsecretario mientras se desarrollaba ese proceso podía generar cuestionamientos sobre el estándar de transparencia aplicado por el Gobierno.

En esa evaluación también influyó la posición que Kast había sostenido anteriormente respecto de la realización de exámenes de drogas a autoridades. Antes de asumir la Presidencia había solicitado pruebas a sus ministros y posteriormente se sometió voluntariamente a un test.

Rodríguez rechazó el resultado desde un primer momento y sostuvo que no consume drogas. Tras reunirse con Pavez y Alvarado, presentó su renuncia y posteriormente conversó con el Presidente. En los días siguientes se sometió a otros exámenes en distintos centros de salud, cuyos resultados fueron negativos, según los antecedentes consignados en el reportaje.

La Moneda comunicó oficialmente su salida el 23 de julio. En esa oportunidad, Alvarado recalcó que el primer resultado no era definitivo, pero sostuvo que el Gobierno debía actuar de acuerdo con la notificación recibida y con su compromiso de transparencia.

El manejo del episodio provocó posteriormente cuestionamientos desde el Partido Republicano. Su presidente, Arturo Squella, criticó la forma en que se había tratado a Rodríguez y dirigió particularmente sus reparos hacia el subsecretario Pavez.

Parte de la controversia estuvo relacionada con la información técnica proporcionada respecto del examen. Desde el entorno republicano se cuestionó que Rodríguez no hubiese recibido suficientes antecedentes sobre la trazabilidad y las sustancias detectadas. Pavez respondió públicamente que solicitó información adicional al laboratorio y que todos los antecedentes que recibió fueron reenviados al entonces subsecretario.

Las diferencias aumentaron después de que el Gobierno anunciara una reforma constitucional destinada a regular los efectos de futuros resultados positivos en exámenes de drogas practicados a autoridades. Mientras sectores oficialistas planteaban la posibilidad de que Rodríguez pudiera volver a desempeñar funciones públicas tras los posteriores resultados negativos, la iniciativa de La Moneda fue interpretada por algunos dirigentes como una señal en sentido contrario.

Desde el Ejecutivo defendieron la propuesta argumentando que era necesario entregar respaldo legal al procedimiento de toma de muestras, contramuestras y eventuales consecuencias administrativas, además de reforzar los estándares de transparencia y probidad de quienes ejercen cargos públicos.

La controversia derivó también en un intercambio entre Squella y Alvarado. El ministro sostuvo que el dirigente republicano debía separar las relaciones personales de las decisiones políticas, mientras el senador defendió su actuación y afirmó que sus cuestionamientos respondían a principios y no a consideraciones personales.

El episodio se sumó a diferencias anteriores entre la conducción republicana y el Ejecutivo por materias de coordinación política y distintas iniciativas impulsadas por el partido. Según fuentes citadas en el reportaje, en La Moneda existe inquietud por las controversias protagonizadas por la colectividad que constituye el principal sustento político del Gobierno.

En el Partido Republicano, en cambio, dirigentes han defendido la necesidad de preservar la identidad de la colectividad y mantener posiciones propias aun cuando estas no coincidan plenamente con las decisiones de La Moneda. En ese sector también existiría preocupación entre parte de sus bases respecto de la orientación adoptada por la administración de Kast.

El propio Presidente intervino en las diferencias y, de acuerdo con los antecedentes recopilados, pidió una mayor coordinación y evitar enfrentamientos públicos dentro del oficialismo.

Finalmente, Squella dio por cerrada la controversia y manifestó su respaldo a la decisión adoptada por el Presidente y el Gobierno. Posteriormente sostuvo reuniones y apariciones públicas junto a Alvarado y Pavez, en señales destinadas a mostrar que las diferencias habían sido superadas.

Pese a esos gestos, el episodio dejó en evidencia las dificultades que enfrenta el Ejecutivo para mantener alineadas a las distintas fuerzas de su coalición y, particularmente, para compatibilizar las decisiones adoptadas desde La Moneda con la autonomía política que el Partido Republicano busca preservar. (NP-ChatGPT-La Tercera)