La investigación sobre un eventual caso de tráfico de niños haitianos continúa generando preocupación transversal en las instituciones del Estado, luego de que un preinforme de la Contraloría detectara posibles irregularidades en el ingreso de menores al país. La indagatoria es encabezada por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, bajo la dirección del fiscal regional Francisco Jacir.

Las diligencias buscan establecer cuántos menores ingresaron sin los resguardos correspondientes, cuál es su actual paradero, las eventuales responsabilidades de los organismos encargados de supervisar estos procesos y la posible participación de terceros en delitos graves contra los niños.

Frente a la gravedad de los antecedentes, el Presidente José Antonio Kast convocó a una reunión en La Moneda con representantes de los tres poderes del Estado, además del fiscal nacional Ángel Valencia, el director de la PDI, Eduardo Cerna, y la contralora Dorothy Pérez. La cita se suma a una reunión interministerial impulsada previamente para coordinar acciones destinadas al esclarecimiento del caso y la protección de los menores haitianos.

El Congreso también activó mecanismos de fiscalización. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la creación de una comisión investigadora para revisar la actuación y coordinación del Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones, la Dirección General de Aeronáutica Civil y otros organismos públicos involucrados, además de evaluar la respuesta institucional frente a las alertas conocidas desde 2023.

En paralelo, el Senado impulsó una sesión especial sobre la materia y recibió a diversas autoridades. Durante esa instancia, el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, afirmó que existen antecedentes de extrema gravedad y confirmó un aumento significativo del ingreso de menores haitianos durante 2025, junto con irregularidades detectadas por la Contraloría en procesos de reunificación familiar. No obstante, precisó que hasta ahora no existen antecedentes que vinculen la investigación con un eventual tráfico de órganos.

Desde la PDI, el subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, Ricardo Gatica, informó que la institución levantó alertas sobre el ingreso masivo de menores y presentó denuncias ante la Fiscalía en abril y octubre de 2024, investigaciones que continúan en desarrollo. Agregó que la mayoría de los niños ingresó con permisos de residencia temporal emitidos por la autoridad competente vigente en ese momento.

Por su parte, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, responsabilizó a la administración anterior por la flexibilización de los requisitos de ingreso mediante un memorándum emitido en 2024, el cual permitió presentar certificados de nacimiento sin legalización ni trámite consular. Asimismo, cuestionó la falta de coordinación con la Defensoría de la Niñez durante el año pasado.

La investigación también se extiende al rol de agencias de viajes que habrían participado en la organización de vuelos chárter desde Haití hacia Chile. Entre las empresas que figuran en el radar de los investigadores aparecen Ciarana Servicios Integrales, Inversiones Travel VIP Ltda., Charha Travel e Inversiones SPA, Big Master Producciones SPA y Perrín Brothers, mientras la Fiscalía busca determinar si existieron traslados de menores sin autorización, sin documentación suficiente o con fines exclusivamente lucrativos.