La controversia por el ingreso de niños, niñas y adolescentes haitianos a Chile ha comenzado a trasladar el foco político desde el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, hacia el entonces ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien tenía bajo su dependencia el organismo durante el período investigado.

Hasta ahora, Thayer ha sido una de las pocas exautoridades que ha entregado explicaciones públicas sobre el caso y ha sostenido que existían alertas tempranas respecto del fenómeno. Según relató, en enero de 2023 la Policía de Investigaciones informó sobre un vuelo procedente de Puerto Príncipe con 98 menores acompañados por solo dos adultos, situación que motivó advertencias a la aerolínea involucrada.

El exdirector también indicó que entre febrero de 2022 y enero de 2023 se otorgaron 129 permisos de residencia por reunificación familiar a menores haitianos. No obstante, cuando comenzaron a difundirse imágenes de llegadas masivas al aeropuerto de Santiago, aseguró públicamente que se trataba de un proceso de ingreso regular asociado a reunificación familiar y no de una migración masiva.

Esa postura fue respaldada en abril de 2025 durante una sesión de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, donde tanto Thayer como el entonces ministro Álvaro Elizalde calificaron el fenómeno como una situación “bastante acotada”. En esa oportunidad se informó que los ciudadanos haitianos representaban el 0,3% de los nuevos ingresos de residentes extranjeros y que el proceso correspondía a una migración regular, segura y controlada.

En la misma instancia se detalló que entre 2022 y 2025 operaron 20 vuelos provenientes de Haití, diez comerciales y diez chárter, estos últimos destinados exclusivamente a procesos de reunificación familiar. Además, se señaló que durante ese período se otorgaron más de 70 mil visas de reunificación, de las cuales 15.475 correspondían a ciudadanos haitianos.

Sin embargo, nuevos antecedentes contenidos en un preinforme de la Contraloría han intensificado los cuestionamientos. El documento advierte que varios menores ingresaron acompañados por adultos cuya relación con ellos no siempre fue verificada y que, en diversos casos, actualmente se desconoce su paradero, además de identificar eventuales deficiencias de coordinación entre organismos públicos.

Frente a este escenario, Thayer ha reiterado que las advertencias existían desde antes y que incluso se informó a la Dirección General de Aeronáutica Civil sobre la necesidad de impedir vuelos que no cumplieran con normas básicas respecto del número de menores por adulto responsable.

El exdirector también ha pedido moderación en el debate público, afirmando que existen exageraciones que desvían la atención de los hechos investigados y criticando la difusión de hipótesis como un eventual tráfico de órganos, insistiendo en que la investigación debe centrarse en posibles delitos de trata o tráfico de personas.

Paralelamente, diversos parlamentarios han dirigido sus críticas hacia el exministro Álvaro Elizalde y el expresidente Gabriel Boric, cuestionando las explicaciones entregadas durante la administración anterior y solicitando que ambas exautoridades respondan por las decisiones adoptadas durante el período en que se produjo el ingreso de los menores. Legisladores de distintas bancadas han planteado que la investigación deberá determinar las eventuales responsabilidades por acción u omisión en un caso que consideran de máxima gravedad. (NP-ChatGPT-Emol)