El Pleno de la Corte Suprema ratificó por unanimidad esta tarde el desafuero del diputado Mauricio Ojeda (IND.), quien está siendo investigado por el millonario fraude del Gobierno Regional de La Araucanía en el marco del caso Convenios, donde se pesquisan más de $730 millones que se habrían desviado por parte de las fundaciones Folab y Educc. Fue en julio pasado que la Corte de Apelaciones de Temuco acogió la solicitud de la Fiscalía y desaforó al parlamentario.
En concreto, la sede del Ministerio Público con jurisdicción en La Araucanía indaga al parlamentario por los delitos de fraude al fisco, cohecho, soborno, lavado de activos y entre otros.
Con esto, el congresista ahora puede ser acusado penalmente y ser sometido a medidas cautelares, como la prisión preventiva, y recibir una sentencia en el caso de que sea considerado culpable de algún ilícito.
El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, señaló que «nosotros consideramos que su rol es fundamental en esta dinámica defraudatoria, porque él es la persona que ubica a las fundaciones, que las incitas a la postulación de estos fondos, que financia además con recursos propios y también de terceros, el funcionamiento de esta fundación y realiza los contactos con funcionarios públicos que en definitiva permiten la aprobación de estos programas y la transferencia de fondos a estas fundaciones y posteriormente».
«De manera casi inmediata una vez que estas fundaciones reciben los fondos, salen de las cuentas de estas fundaciones, se vacían las cuentas que se habían creado para recibir los fondos y recibe él también, y los terceros que habían participado con él en el aporte de dinero para el funcionamiento de esta fundación, la devolución de esos montos, además de los intereses que cobraba él y los terceros que él había contactado para permitir el funcionamiento de la fundación», explicó.
Según la indagación, el legislador habría pactado con los directores de la fundación ganancias sobre los convenios suscritos. Asimismo, el año pasado, cuando le solicitaron la entrega voluntaria de su celular, si bien accedió a hacerlo, el móvil estaba destruido. Por otra parte, imputados del caso revelaron que el parlamentario les habría sugerido «quemar» los teléfonos.
El 19 de abril el diputado Ojeda renunció a la bancada del Partido Republicano, luego de estar «automarginado» por siete meses. Según relatan parlamentarios del colectivo, el diputado en cuestión no participaba de las reuniones políticas ni de los almuerzos de comité desde que tomó la decisión de excluirse. (Emol)
