El caso Convenios volvió a ser asunto de requerimientos para el Gobierno. La declaración que la exsusbecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, vertió por segunda vez a la Fiscalía puso en entredicho las versiones del jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi (RD) y del titular del Minvu, Carlos Montes (PS) sobre el polémico convenio suscrito con fundación Democracia Viva.
En particular, Rojas indicó al Ministerio Público que el día 7 de junio de 2023 conversó por teléfono con Crispi «por iniciativa propia», para exponer los antecedentes con los que contaba. «Le señalé las gestiones que se estaban efectuando a nivel ministerial y le informo que mi superior, es decir, el Ministro (Carlos) Montes, estaba al tanto, con la idea de darle tranquilidad que el tema se estaba interviniendo».
«Sobre lo que le dije, lo puse en alerta de los convenios, que estaba involucrada Democracia Viva, quedando tranquilo porque se estaba abordando sectorialmente», sostuvo.
Crispi en tanto, dijo a la comisión investigadora del caso en la Cámara, que fue él quien tomó contacto con la exsubsecretaria. «Le dije (a Rojas) que se investigue y se tomen las decisiones que se tienen que tomar donde corresponde», sostuvo.
Sobre Montes, Rojas aseguró haber entregado todos los antecedentes sobre el caso. «Preparé una carpeta y una minuta que entregué el Ministro Montes el mismo 8 de junio», indicó, la que «yo misma dejé sobre su escritorio». «Era un resumen, pero estaba toda la documentación fundante. Luego, el ministro nada me preguntó sobre el tema, pero desconozco la razón, no puedo afirmar si lo leyó o no», dijo la exsubsecretaria.
Así todo, el titular del Minvu rebatió la mañana de este martes los dichos de Rojas a la Fiscalía. «Yo supe de las irregularidades en Antofagasta a partir del caso de Democracia Viva el día 16 de junio. Eso es lo que he dicho desde el comienzo y lo sigo repitiendo. Y lo hemos investigado por uno y otro lado y eso es lo que les puedo informar», aseveró.
«Yo quiero decir que esa minuta la anunció la prensa, a partir de lo cual se recabó esa información de dónde podía estar esa minuta, no estaba, no me había sido entregada a mí, no estaba en ninguna parte«, indicó.
Y agregó que «finalmente se investigó en el computador de la propia subsecretaria y se encontró en la nube que estaba esa nota. Recién supimos de la nota físicamente y a partir de eso la pudimos bajar. Nunca antes habíamos tenido conocimiento de ella. A mí no me llegó nunca antes de que la información ya fuera pública».
Por lo demás, el secretario de Estado informó que «estoy en condición de probable testigo desde el mes de junio del año pasado», por lo que «en cualquier momento» sería citado a declarar por parte del Ministerio Público.
VALLEJO
Fue la ministra de la Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, quien fue consultada por este asunto, en el marco de la visita que atiende el Presidente Gabriel Boric, y una comitiva de sus ministros, en la Región de Antofagasta.
«Como Gobierno no nos corresponde ni seremos comentaristas de cada declaración que se da en el marco de más de 70 causas que se están llevando y que se están investigando a partir del Ministerio Público«, advirtió.
En ese sentido, apuntó que «el caso Convenio abrió muchos casos, más de 70 causas, y cada una va a tener su propia declaración de las personas involucradas. Por lo tanto, como comprenderán, nuestro Gobierno no puede ser comentarista de cada una de las declaraciones que han sucedido o que vayan a suceder». Dicho eso, relevó que «la justicia terminará determinando las responsabilidades del caso. Y por eso es tan importante que la justicia esté avanzando».
DECLARA CATALINA PEREZ
En el marco del investigación del Caso Convenios, en particular la transferencia de recursos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, la diputada Catalina Pérez (suspendida de RD) entregará su testimonio en calidad de imputada.
La declaración de la parlamentaria será esta semana. Pérez era pareja del representante de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, cuando ocurrió el traspaso; y Carlos Contreras -exseremi de Vivienda- fue jefe de gabinete de la legisladora, por lo que se investiga a la diputada por un posible tráfico de influencias.
Asimismo, cabe destacar que Pérez, Contreras y Andrade, eran hasta el año pasado militantes de Revolución Democrática.
En el Congreso Nacional, la parlamentaria confirmó que declarará esta semana, «es una diligencia que estoy solicitando hace bastante tiempo, por lo que estoy muy tranquila y hasta contenta de que por fin vaya a ocurrir», señaló Pérez.
Agregó que «somos los primeros interesados de que esto se aclare, vamos a aportar con todos los antecedentes que tenemos – que no son muchos – pero espero poder finalizar con esta diligencia».
Por otro lado manifestó que aún no ha recibido una citación formal, sin embargo por trascendidos de los medios de comunicación, entiende que lo hará en calidad de imputada, “lo que me parece propio de la investigación, se me han imputado determinados hechos”, dijo la legisladora.
En esa línea, aseguró que independiente de la calidad en la que preste su declaración «nos interesa poder colaborar con la investigación y que esto se aclare». Descartó estar preocupada por una eventual formalización, “nos interesa poner los antecedentes sobre la mesa, tenemos toda la tranquilidad del mundo y esperamos dar la declaración lo antes posible».
Reiteró su inocencia y dijo que «no hemos interferido de ninguna manera en la suscripción de los convenios, hemos sido muy transparentes con la información que hemos puesto a disposición». (Emol)
