A tres años del estallido del caso Convenios, el Tercer y Cuarto Juzgado Civil de Antofagasta acogieron tres demandas presentadas por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y ordenaron a tres fundaciones restituir más de $1.012 millones que habían recibido de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo.
Las resoluciones afectan a la Fundación Cultural TomArte, la Asociación Campamento de Ideas y la Fundación Educación, Arte y Cultura Movimiento Fibra, organizaciones que deberán devolver recursos fiscales debido a incumplimientos detectados en la ejecución y rendición de los proyectos comprometidos.
De acuerdo con antecedentes publicados por El Mercurio de Antofagasta, las sentencias establecen una restitución conjunta de $1.012.225.000, monto al que deberán agregarse los reajustes e intereses correspondientes, según las condiciones fijadas por cada tribunal.
La mayor devolución corresponde a la Fundación Cultural TomArte, con aproximadamente $456 millones. Le sigue Movimiento Fibra, con $352,6 millones, mientras que la Asociación Campamento de Ideas deberá restituir cerca de $203,6 millones.
Los fallos representan un avance en las acciones judiciales destinadas a recuperar recursos públicos transferidos mediante convenios cuestionados, aunque todavía no se encuentran firmes, debido a que las tres organizaciones presentaron recursos ante la Corte de Apelaciones para intentar revertir las decisiones.
INCUMPLIMIENTOS Y RENDICIONES FINANCIERAS
Las sentencias analizaron el cumplimiento de las obligaciones asumidas por las fundaciones, el avance efectivo de los proyectos financiados y la documentación presentada para acreditar el uso de los recursos.
En el caso de la Asociación Campamento de Ideas, el tribunal consideró una serie de incumplimientos relacionados con modificaciones presupuestarias y gastos de personal que no contaban con justificaciones suficientemente claras.
También se identificó la falta de informes técnicos y preventivos, además de la ausencia de rendiciones financieras correspondientes a uno de los convenios examinados.
Estos antecedentes fueron considerados relevantes para acoger la demanda de restitución presentada por el Consejo de Defensa del Estado.
Respecto de la Fundación Cultural TomArte, los antecedentes judiciales establecieron que los proyectos comprometidos presentaban niveles de avance de entre 15% y 19%.
A ello se sumó que los planes de trabajo, las cartas Gantt y los presupuestos respectivos no habían sido aprobados.
Los tribunales también tuvieron en consideración que las rendiciones financieras presentadas hasta junio de 2023 habían sido rechazadas y que, desde julio de ese año, la organización dejó de entregar esa documentación.
Asimismo, se constató la ausencia de informes técnicos semestrales que permitieran acreditar adecuadamente el desarrollo de las actividades financiadas.
Estos antecedentes sustentaron la decisión de ordenar la devolución de aproximadamente $456 millones, el monto más elevado entre las tres organizaciones involucradas.
MOVIMIENTO FIBRA: AVANCES PARCIALES
Una situación distinta se produjo en el juicio contra la Fundación Educación, Arte y Cultura Movimiento Fibra.
En este caso, la demanda solicitaba inicialmente la restitución de $430 millones.
Sin embargo, el tribunal consideró que existía un avance efectivo de 18% en la ejecución del proyecto, equivalente a aproximadamente $77,4 millones.
Por esa razón, descontó dicho monto de los recursos cuya devolución había sido solicitada y fijó la restitución en $352,6 millones.
Pese a reconocer ese nivel de ejecución, la sentencia también identificó dificultades en las rendiciones financieras, ausencia de informes técnicos semestrales y falta de antecedentes suficientes para acreditar el cumplimiento de las obligaciones comprometidas.
La resolución refleja que, para determinar los montos a devolver, los tribunales evaluaron tanto los incumplimientos detectados como las actividades cuya ejecución pudo ser reconocida.
REAJUSTES E INTERESES
Además de ordenar la restitución de los recursos, las sentencias contemplan la aplicación de reajustes e intereses, de acuerdo con las condiciones particulares establecidas en cada resolución.
En los procesos contra TomArte y Campamento de Ideas, los tribunales también condenaron a las organizaciones al pago de las costas judiciales.
En cambio, en la causa contra Movimiento Fibra se determinó que ambas partes quedaran eximidas de ese pago.
Las tres fundaciones recurrieron a la Corte de Apelaciones para impugnar los fallos, por lo que el resultado definitivo dependerá de la revisión que efectúe el tribunal de alzada.
En consecuencia, aunque las resoluciones constituyen un pronunciamiento favorable a las acciones de recuperación de fondos impulsadas por el CDE, todavía resta conocer si serán confirmadas o modificadas en las instancias judiciales pendientes.
RECUPERACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS
Las decisiones judiciales se producen tres años después de que el caso Convenios generara una amplia controversia por las transferencias de recursos públicos a fundaciones y organizaciones privadas para desarrollar proyectos de interés social.
En Antofagasta, parte de las investigaciones y acciones judiciales se concentraron en convenios suscritos con la Seremi de Vivienda y Urbanismo, particularmente en la ejecución de las iniciativas y la rendición de los fondos entregados.
Las demandas civiles presentadas por el Consejo de Defensa del Estado buscan obtener la devolución de recursos cuando se establecen incumplimientos de las obligaciones contractuales correspondientes.
En ese sentido, estos procesos se concentran en la restitución patrimonial y deben distinguirse de las eventuales responsabilidades penales que puedan investigarse en otras causas relacionadas con el caso.
Las resoluciones contra TomArte, Campamento de Ideas y Movimiento Fibra muestran la relevancia que los tribunales han otorgado a la documentación financiera, los informes técnicos y la acreditación efectiva de los avances comprometidos.
La falta de rendiciones suficientes, la ausencia de antecedentes de respaldo y los bajos porcentajes de ejecución fueron elementos centrales en las decisiones adoptadas.
De confirmarse las sentencias, las organizaciones deberán devolver al Estado más de $1.012 millones, además de los reajustes e intereses que correspondan.
Por ahora, el proceso continuará en la Corte de Apelaciones, donde se resolverán los recursos presentados por las fundaciones y se determinará si las órdenes de restitución se mantienen en los términos establecidos por los juzgados civiles de Antofagasta. (NP-ChatGPT-Emol)
