La investigación por las cuestionadas compras destinadas a la construcción del tercer Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Las Condes tendrá un nuevo avance judicial, luego de que la Fiscalía Metropolitana Oriente solicitara formalizar a un segundo exfuncionario municipal por el delito de falsificación de instrumento público.

El denominado caso Cesfam Las Condes se inició en marzo de 2023, cuando se conocieron antecedentes sobre la adquisición de inmuebles y un terreno por parte del municipio para levantar el nuevo recinto asistencial. Las operaciones generaron cuestionamientos a la administración de la entonces alcaldesa Daniela Peñaloza (UDI).

Las principales objeciones surgieron desde el propio concejo municipal. Entre quienes encabezaron las críticas estuvo la actual alcaldesa, Catalina San Martín, quien junto a otros concejales denunció eventuales irregularidades relacionadas con supuestos sobreprecios y falta de transparencia en la documentación entregada durante el proceso.

A partir de esos antecedentes, la Fiscalía Metropolitana Oriente abrió una investigación por eventuales delitos de fraude al Fisco y falsificación de instrumento público relacionados con las adquisiciones realizadas en calle Nueva Delhi a la empresa Vulcon, propiedad del extenista Paul Capdeville.

El primer avance judicial relevante se produjo en diciembre pasado, cuando el fiscal jefe de Alta Complejidad, Felipe Sepúlveda, formalizó al exdirector de Control de la Municipalidad de Las Condes, Eduardo López, por falsificación de instrumento público.

La Fiscalía le atribuyó haber modificado la fecha de un decreto alcaldicio relacionado con el contrato y corretaje entre el municipio y Vulcon. Tras su formalización, el tribunal decretó arraigo nacional y firma mensual como medidas cautelares.

La causa sumará ahora como segundo imputado a Osvaldo López, hermano del primer formalizado y quien se desempeñó como jefe subrogante de la División Jurídica de la Municipalidad de Las Condes durante la administración de Peñaloza.

El fiscal Sepúlveda solicitó a mediados de julio una audiencia para formalizarlo también por falsificación de instrumento público. El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago programó la diligencia para el próximo 16 de septiembre y reservó dos horas para su realización.

Aunque todavía no se han detallado públicamente todos los hechos específicos que sustentan la nueva imputación, las denuncias que dieron origen a la investigación apuntaban a eventuales modificaciones u ocultamiento de documentación durante el proceso administrativo de adquisición de los inmuebles.

Antecedentes contenidos en una querella presentada por el propio municipio durante la administración anterior señalan que Osvaldo López también habría participado en la firma del decreto cuestionado en la investigación.

Paralelamente, el Ministerio Público continúa desarrollando diligencias para esclarecer otras eventuales responsabilidades. La Fiscalía solicitó recientemente ampliar el período de investigación debido a la existencia de antecedentes todavía pendientes.

Entre las diligencias faltantes se encuentran respuestas de una institución bancaria, informes de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, antecedentes provenientes del municipio y nuevas declaraciones de testigos. El tribunal acogió la petición y extendió la investigación por otros 90 días.

Desde Harasic/Barros Abogados, estudio que representa como querellante a la Municipalidad de Las Condes, valoraron la nueva formalización y señalaron que habían anticipado la posibilidad de que otras personas fueran incorporadas formalmente a la causa.

La abogada Natalia Barros sostuvo que existen antecedentes que, a juicio de los querellantes, justifican continuar ampliando las responsabilidades investigadas. Asimismo, afirmó que todavía queda pendiente profundizar la indagatoria relacionada con un eventual fraude al Fisco.

De esta manera, la causa que comenzó hace más de tres años por las controvertidas adquisiciones para el proyecto del Cesfam entra en una nueva etapa, mientras la Fiscalía mantiene abiertas diligencias tanto por la eventual falsificación de documentos como por posibles perjuicios al patrimonio municipal. (NP-ChatGPT-La Tercera)