«No puedo entender qué es lo que tengo que ver con la entrega de un crédito de $6.500 millones a una pyme. Mi trabajo no es de especulación inmobiliaria, es de planificación urbana. A diferencia de (Sebastián) Dávalos, yo no borré nada de mi computador; entregué todo y ahora tengo que dar explicaciones», sostiene Cynthia Ross, la arquitecta que se volvió pieza clave del caso Caval.
En entrevista con revista Qué Pasa, la profesional dio detalles de cuáles fueron sus declaraciones ante el fiscal regional de O’Higgins, Luis Toledo.
El persecutor le consultó sobre un correo que ella envió a Juan Díaz, ex dirigente de la UDI quien contactó a Mauricio Valero -socio de la empresa de la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet- para ofrecer los terrenos de Machalí.
En el mensaje, Ross señala: «¡Si el proyecto es muy bueno! y ¡la extorsión también! ja,ja».
La ex asesora municipal le cuenta al fiscal la historia de su tío materno, Patricio Wiesner, quien en 2011 aquejado de las deudas le pide que lo asesore para vender su campo de 84 hectáreas en la VI Región. Entonces, le dice a su tío que la mejor opción es ver la posibilidad de convertir los fundos en un exclusivo condominio residencial.
Descubre que la Municipalidad de Machalí había catalogado por error la zona como urbana, cuando en realidad tenía suelo rural. Va junto a su tío al municipio a pedir explicaciones. Como la situación es grave evalúan presentar una demanda por perjuicios.
Según su relato, fue entonces cuando el director de obras municipales, Jorge Silva Menares, acude a Rancagua a tratar el caso con el Jefe de Desarrollo Urbano de la Seremi, Patricio Ovalle.
Para evitar la acción legal, ambos acuerdan que sería bueno iniciar un nuevo proceso de cambio al plan regulador en la zona, pese a que se había modificado hace un año atrás.
Al respecto, la arquitecta comenta: «Me reía porque me sentía mala, porque estaba haciendo una extorsión elegante a la municipalidad, es fea la palabra, lo sé»
En 2011 Ross le expone al síndico Herman Chadwick que la mejor vía para valorizar los terrenos es conseguir que se cambié el Plan Regulador Intercomunal (PRI) lo que es resorte exclusivo de la seremi de Vivienda.
«A la salida de esa reunión, Díaz me dice que él pagará mis honorarios. De esta manera yo no estaría vinculada con el Sr. Wiesner», afirma la mujer.
Más adelante, la imputada en el caso Caval da detalles de cuando se reúne en la Intendencia con Patricio Olate, quien les informa que para que la Seremi incorpore esos terrenos, la iniciativa debe ser presentada por la Municipalidad. Por tal razón, dice, acude al municipio donde Jorge Silva acoge la idea.
En otro asunto, hace referencia a un trabajo que realizó para la empresa CCU que le había encomendado Mauricio Valero, socio en Caval de Natalia Compagnon, esposa de Dávalos.
«Entonces ya sabía que Natalia Compagnon se entendía directamente con Andrónico Luksic, dueño de CCU», declara Ross.
Finalmente, declara: «Yo entregué todo al fiscal. Si alguien le pagaron para hacer o decir algo en el municipio o en la Seremi, sería una lástima, porque sigo creyendo que era un gran proyecto. Mi esposo ya me ha comentado que si las cosas siguen así deberíamos irnos del país con los niños. Yo no quiero transformarme en el chivo expiatorio».
ORDENADOR DE DÁVALOS
Según publica esta viernes La Segunda, durante tres semanas el administrador de La Moneda, Cristián Riquelme, lo tuvo en su poder, previo a que fuera incautado por la policía de investigaciones.
Dicha información deberá ser aclarada el próximo 9 de noviembre cuando la comisión investigadora de la causa -que preside el diputado Gabriel Silber- cite a Riquelme a la instancia.
«Es necesario despejar quién borró por segunda vez el contenido del computador de Dávalos», dijo al respecto el miembro de la comisión, diputado Juan Luis Castro, asegurando que «existen dos hipótesis sobre el destino del computador».
«O lo intervino directamente el propio usuario o lo hizo quien lo tuvo en custodia después», dice en declaraciones que recoge el vespertino.
El miércoles, en tanto, Luis Escalona Venegas, jefe de Informática de La Moneda, declaró en
la instancia investigadora que fue el propio hijo de la Presidenta Bachelet quien solicitó borrar todos los archivos del disco duro horas antes de renunciar.
Escalona explicó además que después de la renuncia de Dávalos -13 de febrero- el día lunes recibieron una nueva solicitud desde la Dirección Sociocultural, que pedía el retiro del computador del hijo de Bachelet, pues ya no estaba en ejercicio de su cargo.
